Las quitas se ordenaron aún cuando las medidas de fuerza de los maestros, según la evaluación del Gobierno, han mostrado una fuerte baja en el nivel de adhesión. El último paro, según se ocupó de informar el Consejo General de Educación (CGE), tuvo un porcentaje de adhesión cercano al 30 %.
La resolución N° 2.939 del Consejo de Educación, publicada el 21 del actual, Día del Estudiante, en el Boletín Oficial, dispone que “los docentes adheridos a las medidas de fuerza dispuestas por las asociaciones gremiales, se les abone el haber a liquidar remunerándose los días efectivamente trabajados, conforme lo dispuesto mediante el decreto Nº 4.940 de fecha 21 de agosto de 2008”.
Ese decreto permitió que cobrase vigencia la directiva N° 30 dictada durante la gestión del ex gobernador Jorge Busti, y que sirva de marco para llevar adelante los descuentos salariales por los días no trabajados. Dictada el 25 de junio de 2007, esa directiva apuntó a “impartir instrucciones sobre descuento de haberes por adopción de medidas de fuerza realizadas por los agentes de la Administración Pública Provincial”.
En la norma, se dispone el relevamiento de los agentes que se sumen a los paros “a los efectos de proceder a descontar el día no trabajado”. Con esa información, las Direcciones de Administración o las Áreas Contables debían “efectuar el cálculo correspondiente y procesar los descuentos del o los días que correspondan en la liquidación de haberes del mes siguiente”.
El Gobierno se ha mantenido firme en la postura de no pagar los días de huelga a los docentes, y por eso se ha tensado al extremo el conflicto sindical. En medio, la estrategia sindical de cuestionar la directiva de los descuentos en la Justicia no ha prosperado: una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) produjo un revés en la pretensión de restarles efectividad.
Así, en el segundo semestre del año no hubo recomposición salarial para ningún sector de la Administración Pública, incluidos los docentes, que ahora han planteado un pedido de aumento del 25 % en el marco del reclamo que llevó la Intersindical a la Legislatura. Paradójicamente, los datos que maneja el propio Gobierno dan cuenta que el costo de la canasta básica total en Paraná ha dejado fuertemente rezagado a los salarios del sector público.
Fuente: El Diario
