Los representantes de estas instituciones explicaron que adhieren a las entidades que convocan al paro y por lo tanto expusieron que “es inadmisible que el Estado fije la rentabilidad de un sector económico, como no ocurre con otras actividades en el país”.
Se cuestionó la legalidad y constitucionalidad de las medidas que provocarán serios perjuicios al sector productivo, llevando, entre otras cosas, a la desaparición de estrategias comerciales legítimas que toda actividad posee, pulverizando la eficaz herramienta que son los Mercados a Término, además de fijar un techo a los precios de los commodities, mientras los insumos aumentan desmedidamente. Como consecuencia inmediata, “en Entre Ríos no se podrá sembrar trigo” vaticinaron.
Se dijo que “Esto tiene una gravedad tal, que afectará a todo el comercio en general del país; llevará al deterioro de la imagen argentina en los mercados del mundo y además producirá el corte de la cadena de pagos por la no comercialización de productos.”
Mientras los diputados provinciales escuchaban atentamente a los directivos de la Cámara Arbitral, Centro de Acopiadores y Bolsa de Cereales de nuestra provincia, éstos solicitaban interceder ante las autoridades nacionales y otras autoridades provinciales y gobernadores de la región, para la urgente suspensión de la Resolución del Ministerio de Economía de la Nación que generó este conflicto. Se buscará una mesa de diálogo con las entidades de productores que llevan adelante el reclamo.
Propusieron que en la posible apertura al diálogo se hable también de una política agropecuaria a futuro; se enfatizó que los subsidios y compensaciones sólo son parches frente a las nuevas medidas.
Reclamaron por la independencia de poderes en la vida institucional democrática porque avizoran la destrucción del federalismo debido a la dependencia económica de las provincias para con la Nación.
A los legisladores también se les manifestó la decepción de los productores por la ausencia del Gobernador Provincial en esta circunstancia; lo desacertado de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional y que la población tiene muy en claro que el posible desabastecimiento que comienza no es por culpa del campo, sino de las autoridades políticas.
