Entre los considerandos del proyecto, se menciona que correrse del rol de garante del derecho de la educación, implica desconocer los postulados de la propia Ley de financiamiento educativo (N° 26.075) y tiene como antecedente la política desarrollada por el gobierno militar de 1976, que por una resolución ministerial anticipaba la necesidad de acelerar un proceso de descentralización.
“Claramente el mantenimiento de la educación pública no es un objetivo de la política macrista, basta con remitirnos al DNU 13/2015 de modificación de la ley de Ministerios donde se estableció expresamente que el flamante ministerio de Educación y Deportes deberá ‘entender en la definición de los objetivos de la política educativa concertados en el seno del Consejo Federal de Educación y dentro del marco de los principios establecidos en la Ley Federal de Educación’. También lo encuadró en el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856)”.
“De esta manera se retomaba la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo (del gobierno menemista), desconociendo arbitrariamente las leyes de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo que fueron votadas muchas de ellas por unanimidad durante la última década”, manifestó.
“Esta decisión del Ejecutivo persigue el fin de no asumir la responsabilidad por la política educativa y por ende de la carga presupuestaria, con la excusa de racionalizar la utilización de los recursos sin tomar en cuenta la calidad educativa”, indicó Solanas.
“Cabe destacar que el Gobierno Nacional, desde los 90 no tiene ningún establecimiento educativo y ahora se trata de pasarle a las Provincias los programas sin financiamiento, con el objeto de reducir lo más posible la educación pública”, expresó.
“Traspasar la discusión paritaria nacional al ámbito de cada una de las provincias tiene por objetivo flexibilizar el trabajo y las condiciones salariales de los docentes”, mencionó.
“Estimamos necesario establecer expresamente las obligación, de carácter indelegable e insustituible que tiene el Estado Nacional como garante del acceso a la educación pública y gratuita para todos los ciudadanos de nuestro país", dijo por último Solanas.
