Las subas comenzaron a aplicarse en septiembre último y provocaron no pocas reacciones adversas entre los contribuyentes. La medida fue consecuencia del recálculo de las alícuotas y la actualización de los aforos que determinaron subas promedio del 20 al 25 % para unos 65 mil contribuyentes del Impuesto Automotor. De todas formas, hubo casi 102 mil partidas que tuvieron una baja de entre el 20 y el 57 %.
Al pedir la revisión de las subas aplicadas, la Defensoría tuvo en cuenta “que los incrementos son porcentualmente de magnitud, que se dieron sin información previa y han afectado mayormente a propietarios de vehículos adquiridos hasta el año 2000, produciéndose lo que aparentemente es una paradoja, en el sentido que autos más antiguos tributan –en proporción— igual o más que los cero kilómetro”.
También tuvo en cuenta que en las modificaciones impositivas que aplicó la Legislatura a pedido del Ministerio de Economía y que impactaron en el bolsillo de los contribuyentes del Impuesto Automotor “no aparece claramente explicitada la base a tomar como medida para la determinación de los valores, quedando a la discrecionalidad de la Dirección de Rentas la elección de la misma”.
La Defensoría entendió que por los efectos que tiene sobre los contribuyentes, la medida “termina gravando a los autos más antiguos y bajando, por lo menos proporcionalmente, la alícuota de los nuevos rodados, lo que podría visualizarse como un impuesto injusto, inequitativo y hasta regresivo”.
Abunda también el organismo en argumentaciones y sostiene que “es lógico pensar que la mayoría de los ciudadanos a los cuales se les aumentó considerablemente el tributo por autos de antigüedad que van del año 1990 al 2000 y del 2000 al 2005, no han cambiado a modelos actuales por falta de capacidad adquisitiva, sueldos desfasados, la mayoría por debajo del valor de la canasta familiar”.
La Defensoría justifica así su intervención, con un pedido a la Legislatura de revisión de los incrementos autorizados, de manera de proteger derechos, lo cual, asevera, “constituye su misión”. Por ello recomendó a la Legislatura “la revisión de los criterios establecidos en la Ley Impositiva Nº 9.622 (rubro automotores) para el revalúo de los automóviles comprendidos entre los años 1990 y 2000”.
