Para eso, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, convocaron este miércoles en la Plaza de Mayo y en las distintas plazas del país, a manifestar el repudio a la decisión arbitraria, mientras se analizan otras acciones tendientes a iniciar el juicio político a los jueces de la Corte – Highton, Rossatti y Ronsenkratz- que con su voto lograron un fallo a favor de los genocidas.
“En todo el país ha habido una expresión primaria de indignación general, frente a la decisión de 3 integrantes de la Corte” explicó Pablo Llonto, abogado de derechos humanos e integrante del colectivo de abogados querellantes en delitos de lesa humanidad, quien marcó la necesidad de “dar nombre y apellido” de los integrantes que a través de un fallo dividido de 3 a 2, votaron a favor del beneficio a los genocidas. “La jueza Highton, el juez Rosatti y el juez Ronsenkratz, se trata de tres jueces de la Corte en los que hay que hacer hincapié porque no son cualquiera, son tres jueces que hoy responden absolutamente al macrismo y a la política del gobierno de Macri y de la Unión Cívica Radical, de ir largando a los genocidas y dejar que caminen de nuevo por las calles y darles impunidad a los golpistas” enfatizó Llonto para hacer mención al proceso por el cual Rossatti y Ronsenkratz ingresaron a la Corte Suprema. “Son los dos jueces que Macri intentó meter por la ventana en diciembre de 2015 con ese decretazo que al final no pudo pasar, y que después negociando otros temas con los senadores, logró el aval de los senadores, pero es gente que responde directamente a Macri”.
Para Llonto en el caso de la jueza Highton que tiene que estar jubilada porque tiene 75 años “pero ella como quiere quedarse en la Corte, negoció con el gobierno, presentó un expediente judicial, obtuvo un fallo a favor, el gobierno que tenía que apelar no apeló y ahí hubo una negociación y ella se quedó en la Corte y ahora tenemos la respuesta de Highton, el agradecimiento a esto, dando vuelta sus propios fallos anteriores sobre temas de lesa humanidad y sobre la importancia de convenciones y tratados internacionales; ahora vota con este absurdo fallo, doloroso y vergonzoso que establece la aplicación de una ley derogada en 2001, como es la del 2×1 a favor de los genocidas, todo lo contrario de lo que hicieron los otros integrantes de la Corte, que dieron una explicación de porqué no corresponde la aplicación del 2x1a estos genocidas”.
Un plan para desarticular las políticas de derechos humanos
Al igual que las organizaciones que manifestaron su rechazo a la medida, tanto para Llonto como para Sofía Uranga, abogados especialistas en Derechos Humanos, indicaron que el gobierno de Macri tiene un plan para desarticular la política de derechos humanos. “Desde el 10 de diciembre de 2015 empezaron desde el gobierno nacional con resoluciones tendientes a destruir -dentro del propio nivel ejecutivo- a las organizaciones que estaban participando de la investigación y la búsqueda de documentación en los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad. Las áreas fueron desmembradas, redujeron contratos, despidieron mucha gente en una política muy clara que se ha ido concretando desde el ejecutivo nacional”, dijo Llonto para quien esto va en concordancia a su vez con varias resoluciones de jueces que “también empezaron a darse vuelta y a ponerse a tono con el nuevo gobierno y empezaron a sacar apresuradamente prisiones domiciliarias”.
Por su parte la abogada querellante en causas de lesa humanidad de Entre Ríos, indicó que “ellos tienen un grave conflicto de intereses en tanto no pueden autoincriminarse. Ellos son – a veces con los mismos nombres y a veces con generaciones que han seguido- los titulares de los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura; por primera vez llegaron con el voto del pueblo y eso es una cuestión a interpretar en términos políticos y económicos, y es algo a interpretar, es un modelo de país, es un modelo para unos pocos, y en el que sobramos la inmensa mayoría popular. De a poco van dando señales de que su objetivo es más represión, más ajuste, y nosotros venimos señalando que el ajuste no cierra sin represión y el macrismo lo viene haciendo. Quizás con el tema de los derechos humanos es el tema con el que más les ha costado meterse, cada paso que han querido dar en contra de los derechos humanos y la verdad, la memoria y la justicia, le ha salido muy cara, como intentar declarar movible el feriado del 24 de marzo, intentaron ir por el 2×1, por las prisiones domiciliarias, pero el proceso de sedimentación social en torno a los juicios y castigos, no permite este retroceso, nuestras madres y nuestras abuelas son el estándar más alto de lucha, de ética, de paciencia revolucionaria, que hoy por hoy muestra cuál es la vara en términos sociales, y si llega a ser que este grupo de jueces de la corte se quedan, se van o vienen otros, la vara ha quedado muy alta. La lucha popular, la lucha ciudadana y social, la lucha de las madres y abuelas, es lo que muestra por dónde no se podrá avanzar, ni avasallar ningún derecho conquistado”.
Abogados y abogadas por los derechos humanos han marcado también los fallos que la Corte dio este año a los que calificaron como “un fallo tremendo para la Argentina” y por el cual se sostuvo que “la Corte Argentina no está obligada a cumplir con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre con los votos de Rossatti y Ronsenkratz”.
Por estas razones es que el foro que los nuclea abogadas y abogados en causas por crímenes de lesa humanidad, con la participación de más de 90 compañeros, se manifestó respecto “al momento regresivo que vive la Argentina en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.
“Este encuentro, atravesado por el dictado por la Corte Suprema del fallo que aplica el beneficio del 2 x 1 al represor Luis Muiña, en el marco de la causa “Bignone, Benito Reynado y otros s/ Recurso Extraordinario”, resolución que debe ser leída en un mismo sentido que otras dictadas en los últimos meses, y que tiene un grave impacto para los procesos judiciales en marcha y las condenas dictadas a lo largo de diez años, pretende un debilitamiento en la obligación estatal de prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad”, indicaron en el comunicado y subrayaron el carácter del fallo como injusto e ilegal, “de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad”. Por ello resolvieron presentar un pedido de juicio político contra los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz; ealizar todas aquellas denuncias y presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud de la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad; e instar a los legisladores nacionales, provinciales y locales, a expedirse como bloques y/o cámaras por medio de comunicados, declaraciones y/o resoluciones repudiando el fallo “Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario” dictado por la CSJN. También solicitaron reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad.
Imputación
El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó la imputación contra los jueces de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti, por haber votado el 2×1 a favor de un represor condenado por delitos de lesa humanidad. La presentación del fiscal fue ante el juez federal Daniel Rafecas ante quien recayó la denuncia del abogado Marcelo Parrilli, por el delito de prevaricato, es decir, fallar contrario a derecho.
Marijuan pidió copia del fallo de la Corte con el voto de los tres jueces que favoreció la situación de Muiña, aplicándosele el 2×1, así como de los pronunciamientos previos del caso, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó. Y solicitó que el juez Rafecas adopte "toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa".
Por su parte la Legislatura nacional sancionó entre el martes y el miércoles la ley que establece que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 no será aplicable a los condenados por "delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional" y que solo funcionará para quienes hubieran estado detenidos en forma preventiva entre 1994 y 2001, período en el que regía esa ley.
El único representante en la Cámara Baja que votó en contra fue el diputado Alfredo Olmedo, personaje que siempre ha reivindicado a los militares, a la dictadura y al concepto de “guerra sucia”.
Este miércoles 10 de mayo las organizaciones civiles, sociales y políticas convocaron a una concentración que fue masiva, como también lo fueron las expresiones de repudio absoluto, que se dio en todas las plazas del país contra esta decisión de la CSJN.
Con pañuelos blancos, todas las personas se manifestaron acompañando el pedido de las Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora quienes pidieron a quienes fueran al acto de repudio al fallo de la Corte Suprema a llevar un pañuelo blanco atado al cuello para luego en un momento preciso se indicará para todas las personas presentes se coloquen los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2×1 y en representación de los 30 mil y toda una sociedad que tiene memoria. Ese fue el instante en que las plazas se llenaron de pañuelos.
