Se trata de Walter Salvador Pagano, que integraba el Servicio de Inteligencia Destacamento 121 de Rosario, y el teniente coronel retirado Daniel Amelong. Ambos están actualmente detenidos por disposición de la Justicia federal de Rosario por la causa contra el ex represor Pascual Guerrieri, quien comandaba el centro clandestino de detención Quinta de Funes. Se les imputa la responsabilidad por el secuestro y posterior asesinato de 15 militantes montoneros.
La declaración indagatoria de Amelong se fijó para mañana a las 12; mientras que la de Pagano será el martes a las 10. Los dos deberán ser trasladados por personal del Servicio Penitenciario Federal desde sus lugares de detención.
Según cita la jueza en su resolución, están alojados en el Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo, ubicado en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Sin embargo, la semana pasada se conoció que Amelong sería uno de los trasladados al penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en una medida dispuesta luego de las muertes de Paúl Navone y Héctor Febres para evitar desenlaces similares con imputados en causas por crímenes de lesa humanidad.
Tanto para Amelong como para Pagano, la jueza Galizzi consideró que “resulta suficientemente introducida la presunta intervención en los hechos denunciados”, en referencia al robo de los hijos mellizos de Raquel Negro, quien entre febrero y marzo de 1978 fue trasladada al hospital Militar de Paraná para dar a luz desde la Quinta de Funes, donde se encontraba detenida. Negro continúa desaparecida.
El ex represor Eduardo Constanzo, en su declaración como testigo ante la jueza de Paraná, mencionó a Amelong y Pagano como quienes dejaron a uno de los bebés –una nena– en la puerta de un convento u orfanato rosarino. Por lo tanto, es esperable que ambos revelen datos sobre el destino de los menores.
Ahora, más rápido
El pedido de imputación y declaración indagatoria de estos dos ex represores fue solicitado el lunes por la querella, representada por los abogados del Registro Único de la Verdad de la Provincia. Si bien sorprendió la rapidez con que la jueza resolvió al respecto, desde la querella consideran que se decidió acelerar el proceso luego del presunto suicidio de Navone el mismo día que debía declarar en Paraná.
Ahora la causa Hospital Militar tiene cuatro imputados: Pagano, Amelong, Navone y Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien comandaba la represión ilegal en Paraná. Para que se concrete la declaración de Trimarco todavía se espera la resolución sobre su estado de salud.
Los abogados del Registro de la Verdad –Marina Barbagelata, Gamal Taleb y Marcelo Baridón– también pidieron el lunes la detención de otros nueve acusados de robo de bebés, sobre lo cual se esperan definiciones.
Por otra parte, la Justicia Federal aceptó el pedido de constitución como querellante en la causa –caratulada Germano Guillermo A. S/Su Denuncia– de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Luis Alén, director de Protección de Derechos Humanos del organismo. Anteriormente había aceptado también a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Reclaman definición a la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en su poder, desde hace casi un año, la causa denominada Área Paraná, en la cual se investigan los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en la capital entrerriana durante la última dictadura militar. Ante la lentitud del tratamiento del caso, los organismos de derechos humanos entregaron una carta de reclamo a la jueza Carmen Argibay, que estuvo el viernes en Entre Ríos en ocasión de las actividades por la Semana de la Mujer.
La Corte debe definir sobre recursos interpuestos por los representantes de los militares y civiles imputados por graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de recursos que para la querella sólo buscan dilatar el inicio del juicio, y que se refieren a cuestiones sobre las cuales ya se ha expresado el máximo tribunal judicial, como es el caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El expediente Nº 387/2007 ingresó a la Corte el 13 de abril de 2007, con el nombre formal de esta causa: Señor Fiscal General Solicita Desarchivo de Causas que Tramitaran por artículo 10 Ley 23.049. Según información de la misma Corte Suprema, ya pasó por las vocalías de Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y el 4 de marzo ingresó a la de Carlos Fayt. Además, desde octubre de 2007 existe dictamen del Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Las organizaciones Hijos Regional Paraná, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) y La Solapa, aprovecharon la presencia de Argibay en Paraná y le entregaron una carta en la que le expresan su “consternación por el tiempo que hace que la mencionada causa se encuentra a disposición de ese máximo tribunal, sin que hasta la fecha se haya obtenido pronunciamiento judicial”.
