El jefe de gabinete, Jorge González, indicó que se trata de una suspensión preventiva “que puede extenderse más días”. Se adopta “en función al sumario y a la causa que se inicia en la Justicia, fundamentalmente, por utilización ilegal de elementos del erario público, en este caso de la Municipalidad”, precisó.
La suspensión alcanza “a los 10 choferes responsables de los vehículos”, pero el sumario administrativo se sigue contra todos los trabajadores que se plegaron a la medida de fuerza, a quienes se les descontarán los días no trabajados. “Todos estos son trámites previstos en la ordenanza 4220”, afirmó González.