“Las causas de Lucas Cabello; de Pipi Rosado; de Iván y Ezequiel, todos jóvenes querellantes que fueron violentados y víctimas de delitos de las fuerzas de seguridad -sostiene Gabriela Carpineti, abogada militante del Frente Patria Grande-, en un caso de la Policía Metropolitana, en otro caso de la Gendarmería, y en el caso de Iván y Ezequiel de los prefectos, demuestran que por más discursos del odio que se estimulen desde el poder político, y por más resoluciones y protocolos antipiquetes y de uso de armas de fuego que se dicten, como son violatorios de la ley penal, luego, cuando logramos instalar desde la organización popular y con buenas querellas y litigios que esos jóvenes fueron víctimas de delitos, la justicia termina juzgando a esos agentes.”
Carpineti sostiene que “con esas resoluciones y protocolos, Patricia Bullrich termina mandando a la cárcel a los agentes. Estas son causas ejemplificadoras de que ocurre así.” La abogada interviene o intervino como querellante en los tres casos señalados.
“Ayala que es el agente que le disparó a Lucas Cabello -describe Carpineti- estuvo un año procesado con prisión preventiva y ahora está procesado esperando el juicio oral, que tendrá lugar en febrero; el gendarme que le disparó a Pipi Rosado está procesado con prisión preventiva desde diciembre del año pasado, y creemos que el año entrante va a ser el juicio; y los seis prefectos que torturaron a Iván y Ezequiel fueron condenados recientemente por el TOC 9 y están presos.”
El del policía Luis Chocobar es otro caso que puede servir como indicador de la respuesta judicial a la puesta en práctica del reglamento de Bullrich. Procesado y embargado en primera instancia, recibió todo el apoyo del gobierno nacional. Es difícil recordar un caso semejante de recepción a un policía fusilador procesado por la justicia en la Casa Rosada en democracia. Sin embargo, y con los abogados del Ministerio de Seguridad y el fiscal Ricardo Sáenz a disposición, el proceso fue avalado y agravado en las siguientes instancias hasta llegar a la Corte Suprema que rechazó el recurso de la defensa.
Chocobar marcó el camino de los ánimos ministeriales y abrió senda a la violencia policial.
Es cierto que el gatillo fácil no necesariamente termina en una condena. Son muchos los casos en los que ocurre al revés. Pero el reglamento de Bullrich, que busca institucionalizar esa violencia con una falsa idea de legalidad, muestra claramente las enormes deficiencias que tiene. La respuesta de los especialistas a la consulta de este diario coincide en que el agente que provoque una muerte creyendo que queda amparado por la ley tendrá que saber que tras jalar el gatillo quedará subido a una centrifugadora de la que saldrá sorteado en un juzgado del que no sabe si mirará para otro lado o si lo procesará como a Chocobar.
