De mi consideración:
Comparto, en general, vuestra solicitada del 19 del corriente en rechazo del proyectado convenio con el Nuevo Banco de Entre Ríos como Agente Financiero de la Provincia, a cuyo efecto adjunto el trabajo que ya veníamos confeccionando con uno de mis colaboradores y que integra la presente.
El Nuevo Banco de Entre Ríos – creado por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional- es el sucesor, legalmente determinado, de las entidades que le precedieron, comenzando por el Banco de Entre Ríos. En tal sentido, se le reconocen todas las atribuciones y compromisos de las anteriores nominaciones, incluyendo el convenio vigente de agente financiero, el que fue expresamente aceptado.
Legalmente no hay razón alguna, ni ha sido tampoco esgrimida, para dejar sin efecto el convenio firmado en Noviembre de 2001, que tiene vigencia por siete años y es resultado de una licitación pública, debidamente aprobada lo que significa la nulidad de cualquier otra pretensión en contrario. Es de destacar que, en los casi 2 años de la actual administración, no se ha señalado problema alguno.
Además de la vigencia del actual convenio, que es fundamental, no hay duda que carece de legitimidad la violación de la Constitución y de la Ley de Contabilidad provinciales, mediante la invocación de una excepción inaplicable para soslayar la obligación licitatoria, agravada por el cambio sustancial en relación al convenio vigente. Todo esto constituye un perjuicio más que evidente para el Estado provincial y la población
entrerriana, a la que se le aumentan los impuestos que, en gran parte, quedarán direccionados a favor de la entidad bancaria.
La pretensión de aumentar el canon mensual, actualmente de ciento veinte mil pesos ($ 120.000,00), a más de un millón de pesos ($ 1.000.000,00) carece de legitimidad y es altamente llamativa.
Desde la privatización del Banco de Entre Ríos en 1994, siempre se fijó el plazo contractual en 7 años, pero la actual pretensión es de llevarlo a 20 años en total, lo que agrava la subordinación que implica el proyectado convenio. Además carece de legitimidad el intento de otorgar privilegios especiales al Banco en el manejo de todas y cualquier situación financiera de la Provincia, agregándole la posibilidad de transformar al Gobierno en el cobrador gratuito de sus préstamos a empleados y jubilados, los que pueden quedar, nuevamente, rehenes de peligrosos sistemas crediticios.
La tarjeta Sidecreer – ahora comercial y no de servicio de empleados, jubilados y comerciantes que abonan sus impuestos en la provincia – junto con el Instituto del Seguro corren el riesgo, por el convenio programado, de ser absorbidos por la entidad bancaria , lo que nuevamente provocaría la pérdida de instrumentos financieros de defensa de la Provincia.
Surgen gran cantidad de interrogantes para el futuro y no es menor la falta de compromiso de la entidad bancaria en la atención crediticia de la economía provincial, lo que permitirá que el dinero que maneje no quede en Entre Ríos.
Tampoco es menor el desafuero de eximir de toda clase de impuestos a la entidad bancaria. No se puede comprender que, lo que es una excepción a favor de entidades privadas o de terceros de escasos recursos, se aplique a favor de una entidad -perdida por la Provincia en una venta nefasta – que tiene el privilegio de cobrar por el manejo de nuestros dineros y de este modo no va a hacer ninguna contribución, como cualquier vecino, al tesoro provincial para atender la Justicia, la seguridad, la salud, la educación y otros servicios a cargo del Estado.
Legalmente no tiene asidero este convenio, y carece de legitimidad porque, alegando la representación política, se pretende convenir en contra de los intereses de los representados.
