“Principalmente lo que persigue la reforma es buscar un criterio de armonización o de equiparamiento con las otras provincias de la Región Centro, y también tomando pautas de otros distritos que sin pertenecer a la Región Centro están vistos como distritos que poseen una legislación impositiva moderna”, dijo Lara en referencia a provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego destacó que la reforma también busca dotar de determinadas herramientas al organismo recaudados de la provincia -la ATER- que le faciliten un control de los ingresos que persigue el fisco entrerriano y se eviten las situaciones de fraude.
En ese sentido, advirtió que: “mucho se habló de que la ATER tenga la facultad de otorgar altas y bajas de oficio. Esto en la legislación comparada está instituido, para nada nos debe sorprender y para nada debemos prejuzgar u objetar a una ley que prevé -nos guste o no- la garantía del legítimo derecho de defensa y debido proceso al potencial contribuyente”, remarcó.
“A veces ese contribuyente tributa por respeto o miedo a la AFIP, pero no se inscribe a la ATER en el orden provincial, o evita la inscripción para ver qué pasa. La ATER, o el Estado provincial a través suyo, teniendo los elementos suficientes, puede ejercer ese control haciendo una inscripción de oficio, siempre respetando el derecho de defensa, y otorgando el plazo para que el contribuyente pueda hacer su descargo”, explicó.
También Lara señaló que el proyecto de reforma del Código Fiscal receptó los artículos contenidos en un proyecto que presentó el 6 de marzo relacionado con los automotores que se radican en extrañas jurisdicciones, es decir en otras provincias, y que en Entre Ríos sus propietarios detentan la guarda habitual de los mismos.
“Esto pasa sobretodo con los autos cero kilómetro y con los autos de alta gama, porque si bien en este recinto aprobamos una ley a principios de año que planteaba un régimen de adhesión voluntario para que los propietarios de automotores radicados en otras jurisdicciones pudieran hace el cambio de jurisdicción; faltaba otorgarle al Estado provincial determinadas herramientas para evitar que de ahora en más se sigan inscribiendo automotores cero kilómetros en otras provincias”, señaló.
En ese sentido, señaló que la reforma establece “un deber de información que tiene en carácter de declaración jurada todas las concesionarias y afines al momento de entregar una unidad cero kilómetro y que les consta que se radican en extraña jurisdicción, al exigir al comprador las inscripción registral. Cuando constaten que ese automotor está registrado en otra provincia, deberán informarlo al Estado. Igual obligación tendrán las compañías aseguradoras”, señaló.
Finalmente, en relación a otros aspectos que se reformaron -en la Ley Impositiva- Lara también se manifestó de acuerdo. Así, señaló acerca de la diferenciación en la alícuota de Ingresos Brutos que se hace para los contribuyentes que tengan casa matriz fuera de la provincia. “En Santa fe también existe una alícuota diferenciada del 4,2% que se aplicó hace poco”, dijo.
“En cuanto a la alícuota del 6 % a la telefonía celular, está claro que se persigue a un sector de grandes empresas. Veía que en la ciudad de Buenos Aires se grava la telefonía móvil con 7%, Córdoba y Santa Fe 6% y en la provincia de Buenos Aires 5,5% por lo que estamos actuando dentro del criterio de armonización al que se hacía referencia”, explicó.
“No se le puede atribuir a esta reformar la intención de avasallamiento o de aumentar la presión sobre los más humildes. Por el contrario hay un criterio de equidad, de justicia y de armonización con el contexto de las provincias, porque es responsabilidad del Estado gravar a los ingresos tienen y manejarse con un criterio de equidad sin perder la visión del contexto de las provincias similares a la nuestra”, señaló finalmente.
