El diario Clarín de hoy, publica bajo el título “Febres, alias «Selva», dueño del destino de los bebés robados en la ESMA” y de la volanta “según el testimonio de decenas de ex detenidos en la centro de detención de la armada” , que, a ese monstruo se lo conocía así por su brutalidad. Tenía a cargo la entrega de los recién nacidos a sus apropiadores. La nota, firmada por Silvana Boschi señala que “decenas de testimonios de ex detenidos de la ESMA coinciden en que el ex represor Héctor Febres, conocido como «Selva» por la brutalidad con la que actuaba, estuvo a cargo de las embarazadas que pasaron por ese centro clandestino, y se ocupó personalmente de entregar a familias apropiadoras los cientos de bebés sustraídos a sus madres.
El dato incontrastable es que una de sus víctimas Graciela Daleo fue quien estuvo en Concordia testimoniando en el Concejo Deliberante cada una de las atrocidades que conoció de este personaje, mientras estuvo en cautiverio. No alcanzó para que los “amigos” de Febres en esta ciudad, obviaran su explicito apoyo. Es que, por esos días muchos de los firmantes apostaban o al menos no descartaban una nueva asonada militar. Ocurre que, por esos días el carapintadismo se había erigido en un doble poder en la Argentina.
LA JUEZA Y EL ENVENENAMIENTO A FEBRES CASI 20 AÑOS DESPUES
Febres murió el 10 de diciembre pasado, preso por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras se desempeñaba en la Escuela de Mecánica (ESMA), especializado en el trato con mujeres embarazadas a las que les robaron los bebés. El 14 de diciembre, un tribunal oral iba a dictar una sentencia en su contra y, antes, a darle la oportunidad de manifestar lo que quisiera.
Sus condiciones de detención eran por demás laxas: DVD, dos teléfonos, partidos de pádel. En la amplia habitación que hacía las veces de celda, en un complejo de la Prefectura en el Tigre, la jueza Arroyo secuestró un borrador manuscrito que con la inscripción: «Marti-(chicos) contar todo». Y entre varios escritos relacionados con su defensa, se halló uno con alusiones puntuales a Ana María Marti, que recuperó a sus hijos y logró exiliarse, Sara Osatinsky, Silvina Labairu y Cecilia Viñas, detenidas en la ESMA.
Para Arroyo, Febres evidenciaba «una clara voluntad y decisión» de hablar por sentirse él un chivo expiatorio, según sus diálogos con familiares y con un sacerdote amigo. Su última visita antes de aparecer muerto -abrazado a la almohada, con el cuerpo de costado- fue uno los prefectos que hoy están procesados: Angel Volpi, del que se había hecho muy compinche.
Tanto este oficial como el suboficial Rubén Iglesias continuarán detenidos, a diferencia de la esposa y los hijos de Febres. Sin embargo, la jueza sostiene que los dos prefectos fueron «apenas una pieza necesaria» en el crimen. Desde febrero, la investigación se encaminará hacia otros funcionarios navales en actividad; por ejemplo, Carlos Fernández, el titular de la Prefectura que perdió el cargo por este episodio.
Preso, Febres habría sido visitado por alguien «de inteligencia» -aparentemente de la Armada- que le habría recomendado mantener la boca cerrada. Más aún, la jueza sostiene que esas condiciones de detención relajadas escondían el control permanente de todo lo que este represor pensaba y decía, de sus estados de ánimo fluctuantes y de qué tanto podría animarse a hablar.
La computadora que usaba desapareció de la escena del crimen y luego reapareció de modo confuso. Si sus secretos fueron borrados de ahí, podrían haber quedado en cartas que les escribió a su esposa y a sus hijos.
PORQUE?
A Héctor Antonio Febres lo envenenaron para impedir que hiciera pública cierta información sobre su rol personal y el de la Armada durante la última dictadura militar. La jueza que investiga el crimen no sabe aún quién le dio la dosis letal de cianuro mientras estaba preso, pero considera probado que hubo dos prefectos que facilitaron la tarea del asesino como parte de un plan para que Febres nunca revelara sus secretos.
Sandra Arroyo Salgado procesó a esos dos prefectos como partícipes necesarios del homicidio: generaron «una zona liberada». Sobre la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y a sus hijos, Sonia Marcela y Héctor Ariel, la jueza cree que encubrieron el asesinato, en especial porque manipularon una computadora en la que Febres habría guardado datos sobre la represión ilegal.
En una resolución de 286 páginas a la que ayer accedió Clarín, el posible móvil del hecho está resumido con estas palabras: «Silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto».
