Romero recordó primero que “todo el sistema de las elecciones general provinciales está reglado por las leyes 2988 y 9659, además de las disposiciones pertinentes de la Constitución provincial” y explicó que “desde 1983 a esta parte, toda la jurisprudencia del Tribunal Electoral Provincial, de la Cámara Nacional Electoral y demás órganos tendió a propiciar y facilitar la participación”. Tal es así, ejemplificó, que “en todos los procesos electorales internos o generales siempre se concede a los partidos plazos para que reemplacen candidatos y subsanen errores, con el objeto de posibilitar que los partidos intervengan en las elecciones”.
Romero aseguró que en el presente proceso electoral “se respetaron esos principios, porque de ninguna manera se puso cortapizas o impedimentos a las fuerzas políticas. Se publicitó el cronograma, se solucionaron los problemas planteados al tribunal electoral, los partidos discutieron y resolvieron con el tribunal en qué escuelas se votaría en las primarias, y fueron debidamente notificados todos los apoderados de los partidos con personería en la provincia para presentarse en las elecciones generales del 18 de marzo”.
Tras esa reseña la diputada del PJ calificó de “absurda e infundada” la posición del PRO, que habla de proscripción y chicanas y “pretende que el gobierno provincial sea responsable de un proceso que es dirigido por el Tribunal Electoral, organismo de la Constitución que ha conducido y conducirá hasta su fin este proceso de elección que se realizará el 18 de marzo”.
Para Romero, pretender atribuirle al gobierno los errores que “el PRO no subsanó pese a que se le otorgaron los plazos necesarios”, es un intento de disimular “la franca debilidad política demostrada al no lograr conformar listas completas en algunas localidades entrerrianas. Tratan de disfrazar esa impotencia atribuyéndole al gobierno cuestiones que no tienen ningún sentido” resumió la legisladora nacional.
