En el caso de la canasta básica alimentaria y de servicios que debe consumir una familia tipo de dos adultos y dos menores en edad escolar primaria para no afectar su crecimiento y facultades cognitivas, el umbral que estableció el Indec para julio representó 64% del presupuesto de $1.579,8 que con una metodología similar estimó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.
Mientras que en el de la cesta esencial de alimentos, para una familia con una estructura similar a la precedente, la brecha entre la valuación oficial y la de FIEL fue de 59 por ciento.
Semejantes diferencias -de 566 pesos en el primer caso y $309 en el segundo- explican la brecha en más de 20 puntos porcentuales en la proporción de pobres e indigentes sobre la población total que sostiene el Indec y los cálculos del Observatorio Social de la Universidad Católica y también de Sel Consultores.
De la lectura de las variaciones de los índices de precios del Indec a nivel consumidor y mayorista surge con claridad que el responsable de semejante oquedad entre las mediciones del Indec y las privadas no es otra cosa que la grieta que desde hace varios meses se abrió entre las variaciones de los precios básicos que el organismo oficial de estadística muestra en los correspondientes al de los principales mercados concentradores del país y los que rigen en el mostrador de venta al público.
Mientras no se advierta la voluntad política y profesional de corregir en lo inmediata diferencias tan groseras entre los precios utilizados para un indicador y otro, no sólo será difícil contar con la información confiable para adoptar las mejores políticas, sino que peor aún se seguirá minando la confianza de los agentes económicos y acrecentando hasta niveles insoportables la legión de pobres e indigentes en el país.
