Convocadas por la Fundación Mujeres en Igualdad, un importante número de instituciones y de especialistas en la problemática de la mujer presentó una carta a la Presidenta de la Nación, donde urgen a que los programas contra las violencias de género y de asistencia a sus víctimas «se transformen en política de Estado con alcance nacional». Los firmantes pidieron también «una ley integral» sobre la cuestión, ya que «la actual legislación nacional sobre violencia familiar es insuficiente y carece de perspectiva de género en su formulación».
«Más del 90% de los casos de violencia tienen un sustrato de discriminación», observa María José Libertino titular del INADI. Por esa razón pone el acento en la urgencia para implementar la ley de educación sexual, «porque los niños y las niñas se forman en un estereotipo sexista que justifica la jerarquía de los varones sobre las mujeres, y esto condiciona prácticas que pueden devenir en situaciones violentas».
La violencia de género «tiene que ser objeto de una política estructural por parte de los consejos federales de Educación, de Salud y de Seguridad», admite Lubertino, quien agrega la necesidad de «una campaña comunicacional largamente sostenida en el tiempo». «La única forma de revertir esto -concuerda Fabiana Túñez, coordinadora de la asociación civil La Casa del Encuentro- es que la sociedad entienda que es un problema político, que se lo juzgue prioritario en la agenda política y de derechos humanos, y que algunos medios dejen de hablar de crímenes pasionales y de revictimizar a la víctima».
