La ceremonia ha sido prevista para este martes a las 10, en el Salón de Actos del Consejo General de Educación. La convocatoria ha sido lanzada bajo la consigna de que se trata de un “espacio de diálogo para coordinar y planificar políticas sociales con distintos sectores de la sociedad civil”.
Pero la gestión Urribarri no quiere tanto un equipo que monitoree la marcha de los programas y sugiera eventuales correcciones a listados; tampoco un colectivo que se saque el lazo de encima y, desde una posición cuasi testimonial, agite candorosamente una bandera de aumento indiscriminado de las ayudas sin que le inquiete cómo hará el Estado para reunir los fondos.
El Gobierno pretende abordar el problema de la pobreza y la marginación no desde la superficialidad declamativa sino en toda su entera complejidad, es decir, pensando en cómo se sostiene la emergencia, cómo se cubre lo impostergable, pero incorporando lo urgente a un esquema que, en el mediano y largo plazo, signifique la integración progresiva de los actuales beneficiarios al mercado laboral en condiciones que aseguren la dignidad.
Es cierto que la cita se produce en medio de una polémica no sólo respecto al probable aumento de los índices de pobreza sino también sobre los modos oficiales de medirla.
Pero Giano fundamenta que, si no hubiera sido por el dengue primero y la gripe A después, el Consejo Provincial de Políticas ya estaría conformado desde hace tiempo, mientras exhibe una copia del decreto 394 del 23 de febrero de 2009 en el que, efectivamente, se dispone la conformación del colectivo, conforme los criterios de la llamada “Declaración del Milenio” de las Naciones Unidas, suscripta en septiembre de 2.000.
Hay criterios generales en los que se apoya el gobierno de Urribarri para formar el Consejo de Políticas Sociales que han quedado reflejados en la exposición de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando lanzó un plan que pretende crear 100.000 puestos de trabajo.
Sin ir más lejos, cuando la mandataria señaló que el principal problema argentino “no es la pobreza sino la inequidad social, es decir, cómo se transfieren recursos de un sector a otro” abonó la misma tesis que sustenta la Casa Gris entrerriana.
En la ceremonia del viernes, la Presidente también contrapuso el “mero asistencialismo” al “concepto de ingreso social por trabajo”, fuente de la que también bebe la iniciativa de la gestión provincial.
De todos modos, sería razonable que el bisturí de la reflexión se hunda lo suficiente como para advertir que, sin cambios estructurales, la inyección entusiasta de recursos a un sector de la economía no resuelve ni corrige la matriz de la que emergen los problemas: en una economía replegada, donde el consumo sigue siendo el factor principal de recaudación, cómo sostendrán la actividad las cooperativas cuando se agote la inversión gubernamental prevista en 1.500 millones de pesos.
Sobrevuela, como siempre, la duda respecto a si no hubiera sido más efectivo intentar una reforma tributaria que se muestre más propicia al principio de progresividad, es decir, que los gravámenes se correspondan con la base imponible, que crezcan en la medida de la capacidad económica de los sujetos.
AGENDA. Por fuera de estos dilemas, es probable que en la reunión del martes en el salón de actos del CGE, el Gobierno comience describiendo hacia dónde está orientada la ayuda social, cuáles son los planes, a quiénes alcanza, cuáles son los objetivos de los programas y cuánto dinero tiene asignado.
No lo dicen abiertamente sus representantes, pero es obvio que la gestión entiende que el esfuerzo no es debidamente valorado por la sociedad ni sus dirigentes y que, en general, se cae en la trampa de reclamar la aplicación de más dinero como si se pudiera imprimir billetes de la nada.
Es probable que a esa exposición puedan integrarse los intendentes y también instituciones de la Iglesia Católica como Cáritas. El repaso de los fondos presupuestados resulta relevante porque permitirá dimensionar el nivel de inversión que precisa un hipotético aumento en el total de beneficiarios y/o en los montos que a cada uno le corresponde.
Pero, ante todo, el Gobierno desea producir una corriente de opiniones que implique: a) compartir un diagnóstico general; b) articular esfuerzos para optimizar resultados; y, c) imaginar líneas de acción para el mediano y largo plazo.
Si todo sale al menos como lo espera el gobernador Urribarri y el ministro Giano, la asamblea de dirigentes terminará hablando de desarrollo, es decir que por otro camino se accederá al escenario que se quiere instalar desde la mesa de diálogo por la ya pasó la Federación Económica, el Arzobispo de Paraná y la Cámara de Turismo.
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos será la continuidad de la experiencia. El decreto señala que el Consejo Provincial de Políticas Sociales estará integrado por el Estado provincial, los municipios, las comunas, representantes de organizaciones sociales, sindicales, trabajadores, empresarios y organizaciones confesionales.
Pero no hay ninguna rutina de participación prevista ni un esquema de organización esbozado, aspectos centrales para institucionalizar un espacio que, si no es bien diseñado, puede terminar en un asambleísmo desgastante o inconducente.
Fuente: El Diario
