El funcionario policial, que llevó adelante la demanda penal contra los uniformados, definió al motín como “una acción extorsiva y de quebrantamiento de los deberes” de los funcionarios policiales y recordó que, entre la noche del 8 y la madrugada del 9, “en Concordia se tomó la jefatura de la fuerza, se privó de la libertad a los jefes y se sometió a la población a un estado de no custodia que llevó a que haya saqueos generalizados de electrodomésticos y supermercados”.
En este sentido, destacó que desde la fiscalía general de la provincia se intervino desde el inicio del levantamiento lo que permitió que fuera sofocado a las tres de la mañana y “desde aquel entonces iniciamos la acción penal entendiendo que estábamos ante el delito de sedición agravada ya que en vez de garantizar los derechos de los ciudadanos (las fuerzas policiales) exigían extorsivamente al gobierno provincial”.
“Fue un delito muy grave contra el orden constitucional provincial”, aseguró y explicó que los policías han sido condenado por el delito de sedición agravada “con penas de prisión efectiva que van de los 4 años y 6 meses y 3 años 6 meses”.
