El pedido general incluye medidas de fondo, por parte del Estado, como la aplicación de la ordenanza Nº 8.932, vigente desde 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad de Paraná. Dicho programa prevé además de un albergue, la conformación de un equipo interdisciplinario que aborde la problemática en forma integral como también la habilitación de una línea telefónica gratuita adonde poder solicitar la asistencia ante la emergencia.
La Defensoría del Pueblo presentó ayer por la mañana, una nota dirigida al intendente Sergio Varisco reiterando “la profunda preocupación de esta institución, vinculada a la desprotección y extrema vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos hombres y mujeres que permanecen y/o viven en las calles de nuestra ciudad, y ante lo cual solicitamos de su urgente intervención”.
En la nota se aclaró que “esta situación ha sido planteada, formal e informalmente, ante el Secretario General y Derechos Humanos y la Secretaria de Desarrollo Social, Municipalidad de Paraná, en reiteradas oportunidades desde el inicio de la gestión (Expedientes Nº 7724/16 y 7722/16; 15764/16 y 15759/16)”.
El escrito, rubricado por el Defensor del Pueblo, Luis Garay, consigna además que “por lo expuesto, y entendiendo que las personas que se encuentran viviendo en la calle sufren la vulneración de todos sus derechos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales) y que el abordaje de esta cuestión no admite más dilaciones, solicito a Ud. tenga a bien instruir a las áreas pertinentes a concretar y efectivizar en el menor plazo posible, y en una primera instancia, un albergue que pueda alojar y asistir a ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo esta situación”.
Finalmente, comenzó a funcionar un albergue en el edificio de calle Carbó 942. “La apertura de un albergue es el primer paso, es la atención de la urgencia”, dijo el Defensor Garay, quien reiteró el pedido para que se profundicen las medidas tendientes a atender la situación de quienes viven en la calle. Para eso, la institución viene trabajando desde sus inicios junto a organizaciones sociales que atienden la temática.
En sintonía, la Defensoría emitió la recomendación Nº 2, en abril de 2015, por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación. Antes, en marzo de 2013, la institución instó a “los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes, a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle”.
Por último, el Defensor manifestó la intención de seguir trabajando en el tema junto a las organizaciones y las áreas pertinentes tanto del Estado municipal como provincial.
