Viana explicó al sitio digital del diario «El Observador» que el Estado, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda tienen responsabilidad «especial» en lo que se refiere a la protección del medio ambiente porque ha sido declarada de «interés general» y que se han verificado «una serie de omisiones» que hacen que no se cumpla con el mandato constitucional, entendió el fiscal. En este sentido, consideró que el Ministerio de Vivienda no tiene «capacidad jurídica» para autorizar la instalación de los emprendimientos. «El Estado está quedando en offside porque en esto no se puede ser juez y parte a la vez», dijo Viana.
Otro “offside” fue en el que quedó hoy el gobierno provincial entrerriano luego de que se conociera la sugerencia del reconocido abogado Daniel Sabsay, especialista en derecho ambiental y constitucionalista, quien aconsejó a la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú que “no deberían acompañar el recurso que van a presentar el gobernador Busti y el vice-gobernador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)” por considerar que “hay que agotar las instancias nacionales”. Ante esto, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú resolvió tomarse un tiempo por 48 horas para decidir si acompañan o no la presentación del gobierno. No obstante el vicegobernador, Pedro Guastavino, en declaraciones a LT 14 se manifestó sorprendido y preocupado por esta razonable decisión de los ambientalistas y reflexionó: “si hay algo fundamental es presentar un frente unido y sin fisuras, de lo contrario estamos facilitando la tarea de quienes tenemos enfrente, en este caso el Estado uruguayo que persiste con el avance de la construcción de las plantas”.
