Vázquez firmó el documento el 9 de diciembre. Los exhortos fueron enviados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, a la cancillería Argentina en dos oportunidades durante 2007. Desde Buenos Aires fueron dirigidos al Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, donde existía orden expresa de Vázquez de que todo trámite vinculado a las empresas Botnia y Ence fuera derivado a Cancillería.
De acuerdo a la resolución a la que accedió El País, Uruguay tomó como base el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales del Mercosur, donde se señala que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses del Estado requerido.
El gobierno argumentó que la cooperación solicitada afecta la seguridad del Estado uruguayo, «en especial en la zona fronteriza donde se han protagonizado incidentes que no han sido graves, aunque permanece instalada una amenaza latente que ha crecido con la reciente reivindicación de un ciudadano argentino (Salvador Rossetti) que, en tribunales de su país, ha hecho valer su derecho a la libre circulación, lo que ha ocasionado incidentes».
El documento de cuatro páginas, sostiene «que el deber del estado uruguayo es adoptar una actitud preventiva en grado máximo» y agrega que la solicitud afecta los intereses esenciales del Estado, tanto en el plano económico, como en relación a los derechos soberanos del estado de disponer en su territorio, libremente y sin coacción.
REACCIONES. Del otro lado del río, las reacciones no se hicieron esperar. En Arroyo Verde, el abogado de la Asamblea de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, dijo que la resolución uruguaya «confirma que Tabaré Vázquez es un violador serial, porque ha violado reiteradamente el Tratado del río Uruguay y ahora lo hace violando el Tratado de San Luis, de cooperación jurídica del Mercosur».
Fernández sostuvo que Vázquez, «está obligado legal y moralmente» a responder a la justicia argentina, porque de esta forma «está obstaculizando el trabajo de un juez federal y termina arrojando más sospechas sobre los citados». Además considera que se trata de un «accionar político y antijurídico, donde el Estado uruguayo queda como cómplice y el presidente incurre en encubrimiento».
«Vázquez ha llegado al absurdo de equiparar la seguridad del Estado uruguayo con la de cuatro personas y una empresa extranjera. Utiliza el argumento que en Argentina, era usado por los militares del proceso» dijo a El País el abogado.
«Con esto queda demostrado que Botnia tiene más predicamento sobre el Estado uruguayo que los propios ciudadanos» agregó.
