PAPELERAS : Rebelión en la granja

Mañana, a las 18 hs., se llevará a cabo una asamblea en el puente sobre Salto Grande. Fue organizada por un grupo de cinco vecinos que se reunió con Zubillaga esta mañana, a quien le enrostraron “apatía” por no tomar medidas para cortar el puente. “Dijeron que nosotros no hacemos absolutamente nada”, expresó. El edil indicó que decidió “ponerse al frente” del reclamo.
El concejal desconoció si los reclamantes se reunieron con algún otro edil. Además, Zubillaga no dio mayores datos sobre los vecinos. Se trata de personas “comunes”, provenientes del barrio Nébel, Centro y La Bianca; pertenecientes en algunos casos al PJ o al Nuevo Espacio.
Anoticiado sobre las posturas contrarias que han manifestado en forma pública tanto Busti como Cresto, Zubillaga aseguró que no quiere “mezclar el tema político”. “No estoy ni en contra del intendente ni del gobernador. Si acá el intendente no quiere que haya cortes, es el pensamiento y la acción de intendente; y si el gobernador no quiere que haya cortes, es el pensamiento y la acción del gobernador. Acá es el reclamo de la gente común”.
Zubillaga, que quiere evitar cualquier tipo de confrontación “política”, pidió a la gente que se movilice por medios particulares. “No hay nadie que se movilice detrás nuestro”, dijo.
Además, manifestó que se pondrá en contacto con la Asamblea Ambiental de Concordia. “No quiero pasar por alto a nadie, ni me quiero llevar ninguna bandera. Esto lo hago por pedido de la gente”, dijo.
Zubillaga actualmente atraviesa una situación complicada en el Concejo. Se debe a su procesamiento realizado por el Juez Federal Guillermo Quadrini, por haber percibido la dieta de concejal y un plan de Jefes de Hogar durante diciembre de 2003 y los primeros meses de 2004. Si bien niega haber percibido ambas remuneraciones, admite que la Justicia lo procesó por haber cobrado el plan y un contrato como personal contratado en el Consejo del Menor. El Concejo aún no se expidió sobre su situación, y la de Mónica Galli (PJ), también procesada por fraude a la administración pública.

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