García Moritán presentó su renuncia al organismo binacional el jueves pasado, después de conocida la decisión de La Haya. El ministro Jorge Taiana la aceptó porque su trabajo como vicecanciller le impedirá cumplir en simultáneo con la «revalorizada» función de la CARU. Anoche se decidió que su reemplazante sea Hernán Orduna, intendente de Concordia, kirchnerista de mala relación con el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, según destacó el matutino Clarín.
Más allá de las explicaciones públicas, en el propio Gobierno se venía evidenciando un notorio malestar con la posible falta de reacción de García Moritán. Le endilgan no haber advertido la gravedad del asunto desde los tiempos en que el presidente uruguayo era Jorge Batlle.
La CARU fue creada por Argentina y Uruguay en 1975, junto con la aprobación por ambos del Estatuto para la preservación del río limítrofe. En uno de los últimos considerandos de su fallo, la Corte de La Haya indicó que esta Comisión podría ser la instancia más adecuada para que los dos Estados lleguen a un acuerdo.
En las audiencias de junio, frente a esos mismos jueces, Uruguay se refirió especialmente a la actividad de la CARU. Argentina alega en su demanda que su vecino autorizó la construcción de las pasteras de manera unilateral. Pero la respuesta de Uruguay es que siempre dio cuenta de sus pasos ante al ente especialmente previsto para la administración del río y que Argentina nunca se quejó.
