Según el informe publicado en La Nación, el resultado del estudio del Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial sobre el impacto de las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos despierta ansiedad tanto en el gobierno argentino como en el uruguayo. A partir de la evaluación, que había sido pedida por el propio organismo en abril pasado, el directorio del BM decidirá si finalmente aportara dos créditos por US$ 400 millones, parte importante del dinero que las empresas Botnia y ENCE necesitan para completar la construcción de las pasteras.
ENCE, incluida. El informe fue solicitado por el BM antes de que la española ENCE anunciara el traslado de su planta de Fray Bentos a otra ciudad uruguaya por lo que incluirá precisiones sobre el impacto acumulado de ambas plantas, aunque ahora sólo Botnia completará la instalación de su fábrica.
El primer estudio. El 11 de abril pasado la CFI oficializó su decisión de posponer una definición sobre los fondos para las papeleras hasta que se completara el estudio sobre los efectos ambientales.
La entidad lo hizo al difundir el análisis de peritos independientes sobre el posible impacto de las plantas cuyas conclusiones habían quedado a mitad de camino entre los reclamos de la Argentina y las pretensiones uruguayas.
Los expertos canadienses, Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, concluyeron que el primer estudio de impacto acumulado que la CFI había difundido en diciembre del año pasado estaba incompleto, como sostuvo en su momento el gobierno argentino, pero que muchos de los planteos más duros contra las papeleras eran «irrazonables», producto de la falta de información fehaciente sobre los proyectos.
En aquella evaluación preliminar, la CFI consideró que la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay respeta los «requisitos técnicos» que impone a los proyectos que financia y que éstos no tendrían efectos ecológicos, sociales o económicos negativos de relevancia.
