“Le hemos dicho al juez: Usted tiene interés en parar la causa. Usted tiene interés su señoría en que la causa no progrese. Tiene interés en obstruir la investigación judicial”, precisó el abogado, tras lo cual señaló que la causal de interés está prevista en el artículo 55, inciso cuatro del Código Procesal Penal de la Nación, aclarando que dicho interés no es económico.
Si bien reconoció que se trata de una medida “durísima”, aclaró que la misma “está sustentada en la ley y está formalizada con absoluto rigor jurídico y sin ningún atisbo de panfletismo político”.
“En estos momentos se debe estar presentando en Concepción del Uruguay un escrito que en términos técnicos y jurídicos se llama reposición y pedido de inhibitoria al juez y a la fiscal que intervienen en la causa”, informó Vega tras la reunión de gabinete que presidió hoy el gobernador Busti.
Enseguida recordó que esta denuncia por contaminación en grado de tentativa fue realizada hace unos 15 meses por el gobernador Busti y el vicegobernador Guastavino, y que la causa tiene entre cuatro y cinco cuerpos probatorios.
Entendió que las pruebas que están en el proceso judicial son “más que suficientes” para tener por acreditado el estado procesal de la causa y para haber decidido al juez a citar a prestar declaración indagatoria a los denunciados individualizados.
“En cualquier otra causa, con la mitad de esa prueba, se hubiera citado ya a prestar declaración indagatoria al denunciado. Sin embargo en esta causa el juez no actúa, dilata y dispone medidas de ficción jurídica”, advirtió Vega.
Luego resumió: “Después de mucho batallar y, sobre todo después de la presentación realizada la semana pasada con el informe del ingeniero Gabriel Moguilner, que vino de Nueva York y dijo que la delegación uruguaya le había comunicado oficialmente a la Corona española que Botnia comenzará a funcionar en tres meses, el juez insiste en que no está en su fuero interno, ni en su íntima convicción, el estado de sospecha razonable de que Botnia vaya a contaminar y que, en consecuencia, él no puede disponer ninguna medida procesal como la que pedimos nosotros, que es la declaración de indagatoria de los denunciados individualizados. Básicamente ese es el cuadro lógico en el que se mueve el discurso del juez”, precisó Vega.
Tras esta descripción, el abogado indicó que, por todo ello, se tomó “la última medida que un querellante puede tomar frente a la Justicia: decirle al juez, no confiamos más en su imparcialidad”.
Comentó enseguida que las motivaciones son difíciles de determinar ya que “el interés político o ideológico en el manejo de un discurso jurídico es de difícil y riesgoso análisis motivacional”.
“Lo cierto es que las pruebas de la causa, el tiempo que lleva, la direccionalidad que se ha dado a cada una de las decisiones, nos han llevado a la convicción de que de parte de la fiscal y del juez existe la intención de parar o pisar, como se llama vulgarmente, la causa”,
Tras ello entendió que, “si el juez posee una mínima honestidad intelectual, se tendrá que apartar de la causa”, mientras apuntó que si así no sucede quedará el derecho de recusarlo y de denunciar a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo un per saltum.
“Lo que yo quiero que se entienda es que a la actitud de interés del juez, nosotros la vemos al haber parado la causa. Nosotros no le estamos pidiendo que disponga medidas judiciales a favor nuestro. Le estamos diciendo que si cree que la denuncia es ridícula, falsa o pobre, ordene su archivo o disponga desestimarla. Pero si, por el contrario, entiende que es razonable, disponga a prestar declaración indagatoria. Pero nada de eso hace el juez desde hace seis meses, como tampoco nada hizo con el informe del ingeniero Moguilner que con su firma declaró que el Uruguay ha comunicado oficialmente que la planta funcionará sí o sí en tres meses”, agregó el abogado.
“El juez va a tener su plazo y nosotros el nuestro”, dijo Vega y luego aclaró que, si bien no existe un tiempo determinado para que el magistrado se expida, el Gobierno puede solicitar un pronto despacho. Estimó luego que “no se tomará mucho tiempo, porque esto nunca le ha pasado ni al juez ni a la fiscal” y, por estrategia, no dio a conocer el plazo que esperará el Gobierno provincial para que se expida el magistrado.
También señaló que “si hubiésemos sido acompañantes silenciosos en esta ficción o en este gatopardismo jurídico, que es el que estaba haciendo el juez, lo que hubiese pasado es que dentro de tres meses la denuncia por contaminación en grado de tentativa se transformaba en una cuestión abstracta y pasaba a archivo. La Justicia hubiese sido, como señalamos en la parte final del escrito presentado hoy, un espectador de lujo para ver cómo se desarrollaba este delito en vez de investigarlo”, añadió.
Consultado sobre el mencionado “interés” por parte del magistrado, explicó que la Real Academia Española define ese término como “no sinónimo exclusivo de interés económico. El interés está definido como motivación. En este caso sería un compromiso motivacional de carácter ideológico o político en obstruir la investigación”.
“Creo que la Justicia Federal argentina tiene ciertos dogmas en su racionamiento jurídico y uno de ellos es decir que la cuestión de las papeleras es una cuestión política que nunca debería haber sido judicializada. Otra es decir que la política de las papeleras estaría mancillando la dignidad de la Justicia”.
Tras afirmar que “el juez y la fiscal tienen derecho a pensar lo que quieran porque estamos en un estado de derecho”, dijo que en cambio “no tienen derecho a llevar su ideología a la expresión judicial. Esto está desarrollado en el escrito con mucha prolijidad”.
En otro momento de la conferencia de prensa, Vega mencionó que el juez Quadrini puede manifestar su desacuerdo con lo planteado en el escrito. “Puede decir que él no tiene ningún interés; que está ejerciendo su función con imparcialidad, con independencia y que puede seguir insistiendo con que lo nuestro es una discrepancia con sus decisiones que no justifican su apartamento”, agregó y finalmente estimó que no tardará el magistrado en pronunciarse al respecto.
En la conferencia de prensa también participó la diputada nacional Rosario Romero, quien manifestó que “tenemos prueba de tentativas de contaminación que son indiscutibles, porque provienen del conocimiento científico, de nuestras universidades, de estamentos del Estado cuya legitimidad no se puede discutir, y entonces lo que le estamos pidiendo al Poder Judicial concretamente es que se haga cargo de su función en un caso concreto. Sabemos que no es sencillo establecer, aún con carácter provisorio, un tipo penal como el de contaminación porque son delitos nuevos, pero el momento que está viviendo Entre Ríos y la comunidad de Gualeguaychú demanda un esfuerzo de la Justicia para ponerse a tono con los requerimientos de los Estados y de la población”.
Por último, afirmó que “el Poder Judicial tiene todos los elementos de juicio para resolver si existe delito de contaminación en grado de tentativa o no, que es lo que estamos pidiendo al juez”.
