PAPELERAS : El Estado Uruguayo tiene 30 días para responder la demanda ante la CIDH

En efecto, en una nota enviada a DIARIOJUNIO, el gobierno hizo saber que recibió respuesta a las gestiones realizadas contra la instalación de las papeleras. La CIDH hizo lugar a la petición presentada por Busti y Guastavino.
El gobernador Jorge Busti manifestó su satisfacción por la decisión de la Corporación al sostener: “Realmente estamos muy contentos porque la semana pasada fuimos a Estados Unidos, y en cuatro días, por una parte, la ombudsman del Banco Mundial hizo lugar a la medida cautelar, y al término de una semana, hizo lo propio la CIDH”.
Por su parte, el especialista en Derecho Internacional, Juan Carlos Vega explicó que la CIDH de la OEA es el tribunal supranacional que juzga la conducta de los estados, es decir que los únicos que pueden ser acusados son los estados y los únicos que pueden formular las demandas son los individuos. Por este motivo es que, en este caso, la petición fue presentada por Jorge Busti y Pedro Guastavino, en su carácter de ciudadanos. La misma formulaba una denuncia contra el estado uruguayo por haber permitido estas instalaciones ilegalmente. “Es ilegal porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica”.
Luego explicó que el tribunal recibe por año 2000 denuncias contra los 34 países de la OEA y que Argentina recibe aproximadamente 200 denuncias. De ese total dan trámite sólo al 9%. Es decir que “el hecho que en una semana la denuncia formulada el 19 de septiembre pasado, haya recibido hoy una comunicación oficial que da trámite a la misma, habla de la sólida construcción jurídica que acompaña esta denuncia y de la importancia que tiene el caso para la CIDH”, dijo el especialista en derecho internacional.
Respecto a la notificación que recibió hoy, Juan Carlos Vega explicó que la comisión le da 30 días al Estado uruguayo para que conteste la demanda planteada por los ciudadanos Busti y Guastavino e informe si existe estudio de impacto ambiental elaborado por el Gobierno de Uruguay. “El estado uruguayo puede jurídicamente pedir una prórroga porque el reglamento de la Comisión se lo permite. Pero este último también tiene una cláusula que dice que, si se dilata la respuesta, se presumen como verdaderos los hechos denunciados”, agregó.

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