“Nos han cambiado la perspectiva de la información que nos habían dado las empresas. Nos llevamos datos que desconocíamos”, señaló, traducción mediante, Dimitris Tsitsiragos, Director General Manufacturing de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad integrante del Banco Mundial.
El reconocimiento alivió a los vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, quienes estuvieron 6 horas de tensión reunidos con los representantes del organismo internacional.
Al comenzar la reunión, Tsitsiragos señaló. “vengo a decirles enfáticamente que el CFI, como parte del grupo Banco Mundial, no va a financiar ningún proyecto que no sea ambientalmente responsable. Venimos a dialogar con ustedes y escuchar sus planteos, que serán tenidos en cuenta”.
La presencia de Tsitsiragos marca un nuevo capítulo en la lucha de la comunidad del sur entrerriano contra la instalación de dos fábricas de pasta celulósica que ya se están instalando en Fray Bentos (ROU), frente a las costas entrerrianas. Al principio, hubo una solicitud argentina al CFI presentada dos meses atrás en Washington por el embajador José Octavio Bordón, para que la Corporación no financie los proyectos de Ence y Botnia por las graves amenazas al medio ambiente que ambos encierran. Luego de varias idas y vueltas, desde el CFI, se convocó a los vecinos a reunirse con sus representantes en Montevideo o incluso en Washington. La respuesta fue una negativa rotunda: “deben venir ustedes acá, ver y escuchar”.
El impacto ecológico
Los vecinos y representantes del gobierno entrerriano y municipal les informaron sobre los perjuicios que tendrían las fábricas sobre el turismo, la economía, agricultura y salud. Se precisó también el marco legal binacional e internacional incumplido por las autorizaciones otorgadas por la ROU en violación al Tratado y el Estatuto del Río Uruguay y textos legales multilaterales que establecen la necesaria participación del Estado supuestamente afectado en casos de potencial contaminación transfronteriza.
Por otro lado, se informó que la lluvia ácida que producirían las plantas llegaría a un radio de hasta 100 km a la redonda, abarcando 1,5 millones de hectáreas. La ganadería (450 mil bovinos y 26 mil ovinos, entre otros), la agricultura (85 mil has sembradas de cereales y 143 mil de soja, girasol y lino), la lechería (360 tambos), apicultura (750 productores con 250 colmenas cada uno), cunicultura (producción y faenamiento) y la pesca y sus subproductos, resultarían dañadas.
Finalmente los funcionarios del CFI reconocieron que desconocían la realidad de Gualeguaychú. “Mientras Botnia afirma que sólo tres días al año los vientos podrían traer malos olores hacia esta zona, ustedes me dicen que el viento Sudeste sopla hacia aquí 200 días anuales, lo que significa una gran diferencia que debemos documentar”, alegaron.
Tsitsiragos informó que se conformarán desde el CFI cinco comisiones de estudio para evaluar las consecuencias de las plantas en relación con la pesca, la calidad del agua, del aire, la agricultura y ganadería, y el turismo de Gualeguaychú.
