Además, se indica que la CFI, ya en abril de 2005, sabía que procedía “con estudios ambientales incompletos” y que “debería haber informado a los afectados”, lo que nunca hizo.
La auditoría revela también que en junio de 2005 la CFI sabía que los estudios ambientales de Botnia y ENCE “se basaban en datos técnicos obsoletos”, y que la CFI sabía “de preocupaciones de comunidades de Argentina, que percibían a las plantas celulósicas como una amenaza a su calidad de vida”.
En declaraciones periodísticas, el director Ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Jorge Daniel Taillant, explicó que “la auditoría llevó un mes y medio, y es un trabajo que se realizó en Washington, donde la CAO se sienta a revisar todos los documentos”.
