La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aprobará el próximo 8 de febrero un plan de monitoreo medioambiental de ese curso de agua, frontera natural entre Argentina y Uruguay, informaron autoridades uruguayas en ese órgano citadas hoy por la prensa de Montevideo.
Se trata de un plan de «enorme magnitud» elaborado por un comité de científicos designado por los gobiernos de los dos países, explicó Luis Hierro, uno de los representantes uruguayos en la CARU.
«Lo que vamos a estudiar y a aprobar en la reunión plenaria del 8 de febrero es un plan de monitoreo general, muy preciso, de todos los afluentes que llegan al río: sean arroyos, cañadas, las agroindustrias vinculadas al río y obviamente de todos las ciudades
y centros poblados», detalló.
A su juicio, se tratará de «un paso adelante de enorme magnitud en la tarea no fácil de controlar el ambiente: impedir a través de sanciones, pero sobre todo a través de medidas culturales y educativas que el río sea contaminado».
Los gobiernos de Argentina y Uruguay estuvieron distanciados durante casi cinco años como consecuencia de la instalación de una fábrica de pasta de celulosa cerca del río compartido. La planta fue construida por la empresa finlandesa Botnia y empezó a operar en 2007, pero dos años después fue adquirida por UPM, del mismo origen.
El diferendo derivó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en abril del año pasado emitió su sentencia afirmando que las autoridades uruguayas se apartaron de los estatutos del río Uruguay al aprobar la instalación de la fábrica sin el consentimiento de Argentina. Pero descartó que la planta contamine.
En mayo, los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Kirchner, nombraron una comisión de científicos para que establezca un plan de monitoreo ambiental en el río compartido.
