Los últimos días han mostrado a un hiperactivo gobierno provincial y al actual gobernador Jorge Pedro Busti (oriundo de Concordia) sobreactuando en un tema que, a pesar de ello, no reviste una importancia menor para una franja importante de los habitantes de Entre Ríos: la instalación de dos papeleras altamente contaminantes en la localidad uruguaya de Fray Bentos, ubicada frente a Gualeguaychú.
El anterior gobierno uruguayo, encabezado por Jorge Batlle (Partido Colorado), pactó con un par de papeleras extranjeras su radicación en Fray Bentos con una inversión de 1.800 millones de dólares. El actual mandatario Tabaré Vázquez (Frente Amplio-Encuentro Progresista) siguió adelante con el proyecto pese a las protestas argentinas y, en menor medida, uruguayas.
Una de ellas es la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y llega a nuestro litoral luego de contaminar y destruir las rías de Pontevedra. La otra empresa es la finlandesa “Botnia”, un peso pesado de la fabricación de papel a nivel mundial, cuya fase más sucia es la destinada a Fray Bentos: la elaboración de la pulpa o celulosa.
Las dos fábricas son contaminantes y lanzarán dioxinas al río Uruguay sin que tal decisión haya sido consensuada por los dos gobiernos. Esta inminente contaminación ambiental tiene un origen político inequívoco. Los países de Europa trasladan a América del Sur sus industrias peligrosas como contraprestación exigida para abrir, muy parcialmente, algunos mercados a los gobiernos de la región que se debaten entre acceder al ALCA impulsado por Estados Unidos o buscar el tutelaje de la Unión Europea. La mejor prueba de ello es que la fase sucia, consistente en la fabricación de pulpa, es traída a Fray Bentos y la más limpia, correspondiente a la fabricación del papel propiamente dicho, la cual -como es obvio- tiene mayor valor agregado, se mantiene en los países donde ENCE y Botnia poseen sus casas matrices.
Estas dos papeleras extranjeras ya han avanzado en las tareas iniciales de construcción de sendas plantas en el departamento uruguayo de Río Negro: una en Fray Bentos y la otra en la cercana localidad de M´Bopicuá. Cada una de estas plantas industriales absorberá diariamente 86 millones de litros de agua del río Uruguay (lo mismo que consume la población de Gualeguaychú en un mes) y los devolverá cargados de contaminantes.
Ante ello, los 80 mil habitantes de Gualeguaychú, que viven del turismo, los carnavales, la apicultura, la pesca y otras actividades que corren un riesgo mortal ante este proyecto, se han movilizado con justas razones. La contaminación del agua y del aire implica un riesgo para la salud del conjunto de esa población. De eso no pueden quedar dudas.
Explicaciones insuficientes
El gobierno uruguayo argumenta que estas papeleras traerán aparejadas la creación de muchos puestos de trabajo. Eso no es cierto. Una vez que las plantas estén en producción darán trabajo a 300 personas en forma directa y a 1.500 indirectamente. Los críticos de la iniciativa advierten que la fuente laboral inicial sería inferior porque muchas partes vendrían premoldeadas desde España y Finlandia, respectivamente.
Tampoco revisten solidez argumental las contraofensivas del gobierno uruguayo denunciando que Argentina también posee emprendimientos industriales contaminantes en la margen occidental del río Uruguay ni que Busti impulsó, en 1997, la sanción de una ley provincial que posibilita que plantas igualmente contaminantes puedan radicarse en Entre Ríos. Las dos cosas son ciertas pero no constituyen el eje de la controversia.
En ambos casos, las pretendidas explicaciones descalifican al gobierno de Tabaré Vázquez. Si ya sería criticable que cualquier gobierno justificara la contaminación de sus vecinos con el beneficio propio o con la reciprocidad en el daño, mucho peor resulta cuando tales afirmaciones surgen de un gobierno autodenominado “progresista” encabezado por un presidente que se reivindica socialista.
Esto constituye una muestra palmaria que el gobierno de Tabaré Vázquez continúa sin saldar una contradicción que lo ha desmovilizado desde que asumió en Marzo pasado. No es posible que puedan coexistir, en un mismo gobierno, el modelo neoliberal heredado y la urgencia en resolver las demandas sociales que constituyeron las reivindicaciones tradicionales del Frente Amplio.
El oportunismo de Busti
La ocasión le ha venido como anillo al dedo al gobernador Jorge Busti para ponerse al frente de una impensada (hasta unos meses atrás) movilización popular que no le signifique costo político interno alguno y lo posicione mejor de cara a las elecciones del 23 de octubre próximo donde su lista de candidatos nacionales (es lo único que se elige en el distrito Entre Ríos) aspira a ganar con la amplitud suficiente para que el mandatario entrerriano pueda exhibir ante el presidente Néstor Kirchner un contundente certificado de admisión como “hombre K”, después de haber sido “setentista” “peronista de las bases”, “cafierista”, “menemista”, “adolfista” y “duhaldista”, según cada momento histórico.
En un momento que la gestión de Busti está seriamente cuestionada por su falta de respuestas a las nutridas demandas sociales (el movimiento docente entrerriano se ha convertido en la principal oposición al actual gobernador ante la inexistencia de proyecto alternativo en las otras estructuras partidarias) el conflicto de las papeleras le significó al primer mandatario provincial una excelente oportunidad para mostrarse sensible ante un reclamo popular.
Debe agregarse, además, que la ciudad entrerriana mas directamente afectada por estas papeleras, Gualeguaychú, está gobernada por una coalición escindida del peronismo provincial (a la cual se han sumado referentes de otros sectores políticos) llamada Nuevo Espacio Entrerriano, la cual nació a la luz de la “transversalidad” declamada por Néstor Kirchner y esperando ser bendecida como referencia provincial por el actual presidente, quien -de todos modos- a la hora de las definiciones optó por quedarse con la estructura orgánica del PJ entrerriano, encabezada por Busti, que le garantiza mayor paquete electoral. Ahora, el actual gobernador encontró una excelente oportunidad para colocarse a la cabeza de las genuinas demandas de la población del sur entrerriano, de manera tal de dejar sin juego político nacional e internacional al grupo disidente y, muy especialmente, al actual intendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen.
A esta altura, y agotadas las urgencias a través de cancillería, Busti y su vice-gobernador Pedro Guillermo Guastavino (oriundo de Gualeguaychú) se aprestan a formalizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante un viaje que harán expresamente a Washington para entrevistarse con el Secretario General del organismo el próximo 19 de septiembre.
Si se parte de la ya indiscutible premisa que la OEA se ha transformado, de hecho, en un verdadero “Ministerio de las colonias del patio trasero” de Estados Unidos puede concluirse que Busti colocará al gobierno de George W. Bush en el papel de árbitro en una controversia que involucra directamente a Uruguay e indirectamente a la Unión Europea. Desde la Cancillería argentina, Rafael Bielsa (devenido a candidato a diputado nacional) ha tenido la misma actitud vacilante y zigzagueante que ha caracterizado toda su política internacional hasta culminar apoyando explícitamente “la instalación progresiva de un ALCA moderado”. Se puede afirmar, entonces, que Bielsa ha dicho “ni” en el tema de las papeleras.
Curiosamente, el Ministro de Economía Roberto Lavagna acaba de admitir que detrás del conflicto de las papeleras existe un interés político-electoral de Jorge Busti. Por su parte, el presidente Kirchner se ha cuidado de expresarse públicamente al respecto, mas allá de declararse -como es obvio- contrario a toda contaminación ambiental.
Las peleas por las migajas
Este conflicto de las papeleras permite anticipar dos aspectos. El primero está dado por el hecho que difícilmente se detenga el proyecto de instalación de las dos plantas en Fray Bentos si la política exterior de Tabaré Vázquez no toma un giro de 180 grados, lo cual es poco probable en el corto plazo. La segunda es que después del 23 de octubre el gobernador Busti ya no tendrá tanta necesidad política de mostrarse inflexible ante el gobierno uruguayo. Lo más probable es que todo cierre en un acuerdo con explicación salomónica. Se informará que el gobierno uruguayo y las papeleras europeas han tomado todos los recaudos establecidos en las normas internacionales para evitar la contaminación del río Uruguay y del medio ambiente en general. Y el tema se irá desmovilizando y desinstalando paulatinamente aunque lo que se afirme jamás haya sido cumplimentado.
La conclusión que permite sacar el conflicto de las papeleras es cómo dos gobiernos (el argentino y el uruguayo) que no han roto con la dependencia del capitalismo central terminan disputándose una migaja a cambio de hacer un buen papel ante el amo que les toque en suerte.
Mientras Tabaré Vázquez teme perder una inversión en la cual la parte del león se la llevarán las empresas europeas y solo una migaja quedará en manos uruguayas, el gobernador de Entre Ríos no tiene mejor idea (ante la pasividad del gobierno nacional) que acudir a un organismo totalmente dependiente de Estados Unidos para que “ponga orden” en la región ante los supuestos oídos sordos de su mal vecino socialista.
Cada uno, a su manera, ha encontrado la forma de hacer un buen papel con el papel. La hora que enfrenta América Latina merece que semejante esfuerzo sea digno de mejores causas.
