Según el diario La Nación, y de acuerdo a Nelson Fernández, corresponsal en Uruguay el gobierno de Tabaré Vázquez había evitado un pronunciamiento público respecto de la fórmula ideada por las autoridades españolas, pero en las últimas horas el propio canciller Gargano, dijo que “es un camino posible”.
Fuentes oficiales dijeron que “la línea de Tabaré es mantener silencio” para no entorpecer las conversaciones con la Argentina y con la representación de la corona española.
No obstante, fuentes de su gobierno coincidieron con Gargano en el sentido de que la idea de la “zona verde” va ganando espacio en la administración uruguaya.
Según recogió La Nacion en fuentes involucradas en el conflicto, la fórmula del área protegida que rodearía a las controvertidas plantas de pasta celulosa puede ser vista por el gobierno de Montevideo como una solución al diferendo favorable a su posición, siempre que se asegure la liberación del tránsito en los puentes binacionales (cortados desde hace meses por los asambleístas entrerrianos).
«Estamos convencidos de que en la planta [de Botnia, que es el punto en cuestión] se cumplirá con todos los requisitos de control ambiental y que no se generará la contaminación que temen en Gualeguaychú, por lo tanto no hay problema para admitir un control especial en la zona que dé garantías a todos», fue lo que se expresó sobre el tema.
El caso ENCE
El ministro de Medio Ambiente dijo que ENCE ya completó los informes de relocalización en Conchillas (departamento de Colonia), los que están en estudio de la oficina respectiva.
En Uruguay aseguran que es de «la única relocalización de la que se habla», porque Botnia tiene 95 por ciento de la obra terminada y va a comenzar a producir celulosa antes de fin de año. Es una forma de rechazar el insistente reclamo argentino de discutir una nueva ubicación de la planta de celulosa como condición para avanzar en un acuerdo definitivo.
Los funcionarios de Vázquez no descartan que el inicio de la etapa de producción se haga en medio de «una zona de protección ambiental», aunque insisten en que para que eso sea la base de un acuerdo «los puentes deben quedar libres de piquetes».
