El gobernador Jorge Busti sostuvo hoy que “el Gobierno de la República Oriental del Uruguay está dando una interpretación absolutamente equivocada de mis declaraciones a Radio del Plata y por ello mismo está cayendo en una reacción totalmente desproporcionada con los hechos” e intentó explicar sus palabras. “Para aclaración al Sr. Canciller Gargano, así como a todos los uruguayos, deseo expresar que efectivamente considero que existen incentivos para que el gobierno del Uruguay defienda, como lo hace, la instalación de las papeleras en Fray Bentos. Tales incentivos están a la vista de todos y no los invento yo sino que han sido expresamente manifestados por varios voceros del gobierno y de las empresas involucradas como lo son: que las papeleras representarán una de las mayores inversiones extranjeras en el Uruguay; que su instalación significará una importante fuente de generación de empleo a ese hermano país; que las papeleras darán un gran impulso a la economía local; que de hecho se convertirán en un incentivo al crecimiento de la economía nacional, algunas cifras incluso hablan que la instalación y operación de las papeleras representarán un incremento de más del 1% del PIB; así como otra serie de argumentos que definitivamente constituyen incentivos que obviamente sustentan la intransigente posición del Gobierno del Uruguay para instalar las papeleras”.
“Lo lamentable de todo esto -continúo el gobernador- no son de ninguna manera los incentivos o supuestos beneficios para el pueblo y gobierno del Uruguay, sino que el hecho que se esté subordinando a una inversión económica una serie de derechos que afectan a los ciudadanos y a la necesaria protección al medio ambiente, a la vida, al ecosistema y a la propia actividad económica tales como la agricultura, la pesca, el turismo, etc. de los pueblos de ambas márgenes del Río Uruguay”
No obstante, el canciller uruguayo Rainaldo Gargano anunció la convocatoria de su embajador en Argentina, Francisco Bustillo Bonasso, como consecuencia de declaraciones de Busti, consideradas «agraviantes» por el gobierno uruguayo.
Y horas más tarde tomó una decisión equivalente el canciller Rafael Bielsa, que convocó a consulta al embajador argentino en el Uruguay.
