Alfonsín y Benedetti proponen que queden amnistiadas las personas «que hayan participado en los hechos que dieran lugar a la imputación de delitos desarrollados en el país con motivo de la lucha ambiental contra la instalación de plantas industriales para la fabricación de pasta de celulosa en la margen izquierda del Río Uruguay».
Según explicaron, la amnistía «extingue la pena y/o la acción penal en todas las causas, cualquiera fuere el estado procesal de las mismas, extendiéndose a todas las consecuencias penales; y sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales».
«Entendemos que los asambleístas no son criminales sino ciudadanos de Gualeguaychú que están pensando en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de toda una región. Por ello, con la paz social como horizonte, propiciamos que el Congreso declare una amnistía extinguiendo la acción penal y la pena para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de manifestarse contra la instalación de las pasteras», indicaron en los fundamentos del proyecto de ley.
El proyecto fue acompañado además por Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici, Ulises Forte, Gustavo Cusinato, Miguel Giubergia, Mario Fiad, Elsa Alvarez, Juan Tunessi, del Bloque UCR; y por los diputados Lisandro Viale del socialismo, Elisa Carrió de la Coalición Cívica, y Federico Pinedo y Lidia Satragno del Pro.
Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices, apologistas o encubridores y comprende a los delitos comunes y conexos.
La causa
El 12 de junio pasado, el Gobierno se presentó como querellante en una causa contra diez ambientalistas antes de que la Asamblea de Gualeguaychú decidiera levantar el corte de la ruta 136 que mantuvo durante tres años y medio y de que luego llegara a un acuerdo con Montevideo para controlar a la planta UPM (ex Botnia) que se instaló en Fray Bentos.
