Como fuera informado, el convenio difundido ayer establece un control científico de ambos países sobre UPM-Botnia y fija la publicidad de los resultados de los análisis científicos, tal como requerían los ambientalistas. Sin embargo deja abiertos al «acuerdo de las partes» el tipo de seguimiento y la tecnología que se empleará en el monitoreo del agua y el aire, tal lo publicó el diario La Nación.
Pero, los activistas anti-UPM proponían un control constante de por lo menos tres meses en la planta y de un año fuera de ella, con análisis diarios, semanales y quincenales de efluentes líquidos y emisiones gaseosas.
Esa indeterminación, añade el matutino, y el límite de doce controles anuales a Botnia fue lo que despertó la desconfianza de la Asamblea de Gualeguaychú.
En ese sentido, apenas conocido el convenio, José Pouler, uno de los dirigentes de la protesta en Gualeguaychú, dijo en Radio 10 que «personalmente» no le conforma el acuerdo que firmaron los presidentes de Argentina y Uruguay. » Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable», sentenció.
«Habría que ver bien el acuerdo, pero por lo que escuché en la conferencia este comité científico no va a entrar a UPM, por lo cual queda muy lejos de lo que se había hablado», agregó el asambleísta
