Como era de suponer, el planteo despertó reticencias entre los asambleístas, que se niegan a aceptar un plan de monitoreo de la planta que implique una aceptación de hecho de que la planta funcionará en la zona.
La información, difundida por el diario La Nación on line de hoy, señala que la prueba que el gobierno de Néstor Kirchner da por sentado con hechos concretos que la pastera finlandesa Botnia no podrá ser relocalizada, la dio Romina Picolotti. Es que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Picolotti, diseñó por orden del Presidente un plan de «vigilancia ambiental» para controlar a Botnia ante su «inminente» funcionamiento. Así consta en una carta que días atrás la funcionaria les envió a los ciudadanos que llevan adelante la protesta en Entre Ríos.
El proyecto oficial coincide con la vocación de ambos países de retomar el diálogo político al máximo nivel, con una reunión prevista durante la asamblea anual de las Naciones Unidas, a fin de mes, en Nueva York. La cita estaría encabezada por el embajador español José Antonio Yáñez Barnuevo.
Antes de ser presentado públicamente, Picolotti analizará el plan ambiental con los asambleístas de Gualeguaychú, a quienes citó el lunes en Buenos Aires.
«Me dirijo a ustedes para convocar al grupo interdisciplinario de la asamblea el lunes 10 a fin de informar y evaluar el plan de vigilancia ambiental diseñado por la secretaría ante la inminente puesta en marcha de Botnia», dice la misiva, a la que accedió LA NACION.
La convocatoria, prosigue el texto, se hace «sin perjuicio del reclamo de vulneración de derechos que está realizando el Estado argentino como consecuencia de la violación del estatuto del río Uruguay por parte del Estado uruguayo».
La reacción en Gualeguaychú fue inmediata: «No estamos dispuestos a aceptar un monitoreo de la planta. El plan de contingencia de la provincia de Entre Ríos, que prevé chequeos de salud a la población durante un año, sí lo aceptamos porque trabaja con la hipótesis de que Botnia se va. Un monitoreo implica aceptar su funcionamiento», dijo a LA NACION el asambleísta José Pouler.
