La marcha arrancó en Plaza de los dos Congresos y pasadas las 13 avanzaba lentamente a lo largo de la avenida Rivadavia, que estaba totalmente cortada a lo largo de cuatro o cinco cuadras. A la cabeza de la manifestación se observaban carteles que pedían «por la vida y la dignidad, contra el saqueo y la contaminación», junto a pancartas pertenecientes a los asambleístas de Gualeguaychú, Pueblos Originarios del Chaco, el Polo Obrero y la CCC, entre otras agrupaciones sociales y de izquierda.
Los ambientalistas reclaman políticas para frenar el «impacto ambiental» y el «saqueo de los bienes comunes». Además, reiteran el pedido de relocalización de la pastera Botnia, ubicada en la zona de influencia del compartido Río Uruguay.
La marcha de hoy extiende el reclamo de Gualeguaychú a todo el país, gracias a la adhesión de más de 100 organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (Apevu) y la Red Nacional de Acción Ecologista (ReNaCe).
También participan la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de las Universidades de San Juan, Jujuy y de la Patagonia Austral, de Santa Cruz; asambleas de La Boca y Monteserrat, entre otras.
«Se trata de la segunda marcha contra la contaminación, ya que el año pasado se realizó por primera vez en la misma fecha y a la misma hora, y reunió a unas 20.000 personas», explicó el asambleísta de Gualeguaychú José Pouler.
El acto central de esta marcha tendrá lugar en la Plaza de Mayo, donde los organizadores leerán una declaración en la que pedirán políticas para frenar el «impacto ambiental» y «el saqueo de los bienes comunes». En esta proclama a favor del cuidado del medio ambiente, se denunciará a «los monopolios extranjeros y sus socios locales» y «la laxitud en las leyes y su cumplimiento».
Como resultado de la lucha se exhibirán las leyes que fueron sancionadas recientemente en seis provincias (Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, La Pampa y Mendoza), que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas.
También se pedirá la aplicación del principio de «licencia social o consulta popular previa», antes de autorizar un emprendimiento que ponga en riesgo el medio ambiente en una región, y se pedirá la «declaración urgente de emergencia ambiental nacional y regional».
Fuente: Télam
