Al respecto, agregó que “si la Corte o cualquier organismo internacional intergubernamental condena a Uruguay, ahí se termina el problema, porque no lo pueden ejecutar”. Por otra parte, reconoció que le “preocupa más” la posición del fiscal uruguayo, Enrique Viana, quien reclamó ante la Justicia que se prohíba al Ministerio de Vivienda de ese país otorgar las autorizaciones para la instalación de Botnia en Fray Bentos, ya que consideró que es un planteo “jurídicamente adecuado”. En el mismo sentido, dijo que “la denuncia de Busti no tiene posibilidades jurídicas”.
Vignali explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es el ámbito indicado para la denuncia presentada por el gobernador de la provincia, Jorge Busti, y coincidió con la postura de la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, quien consideró que “este tema no entraría entre los que la Comisión está abocada a tratar”.
En ese sentido, en declaraciones realizadas a Radio Espectador, de Uruguay, el experto aseguró que “el sistema interamericano es intergubernamental y ni Uruguay ni Argentina pertenecen a un sistema de protección de derechos humanos que tenga algún viso de supranacionalidad. Por ello, no se pueden ejecutar las decisiones que tome cualquier organismo en el país que sea condenado”.
“Yo sostengo que el Derecho Internacional Público no es la estructura adecuada para el manejo del riesgo de este tipo, porque el principio fundamental es el de no intervención en los asuntos internos del Estado. Suponiendo que la Corte o cualquier organismo internacional intergubernamental condene a Uruguay, ahí se termina el problema, porque a Uruguay, no lo pueden ejecutar, justamente por el principio de no intervención”, aseveró.
En caso que se diera una resolución condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (organismo al que llegaría el caso sólo si la Comisión lo procesara y lo considerara necesario), Uruguay podría no aplicar lo que allí se mandata, ya que no la Corte no tiene incidencia en las elecciones y decisiones de los Estados. “El castigo en ese caso es la represalia. Si nosotros contaminamos, nos prohíben contaminar y seguimos contaminando, los otros países pueden contaminarnos a nosotros”, afirmó.
“El Derecho Internacional Público no sirve para eso, hay que crear otro sistema donde haya supranacionalidad de algún tipo”, sentenció.
Por otra parte, Arbuet Vignali admitió que le “preocupa más” la posición de Viana, quien reclamó ante la Justicia que se prohíba al Ministerio de Vivienda otorgar las autorizaciones para que se instale Botnia en Fray Bentos. “Eso es mucho más serio, porque es posible que haya riesgos ambientales, pero lo que hay que hacer es ver cómo se palian. Lo de los argentinos me parece bastante poco serio y electoral”, aseguró.
Finalmente, manifestó que el planteo de Viana es “jurídicamente adecuado, pero la denuncia de Busti no tiene posibilidades jurídicas”. “Después que una Corte dicta una sentencia contra un país y ese país no la acepta o no la cumple, no hay manera de hacerla cumplir sin quebrar el Derecho Internacional Público”, concluyó.
Fuente: El Once Digital
