En la misiva, a la que tuvo acceso El Diario, la magistrada reiteró que no ocupó ni desempeñó cargos, ni fue funcionaria de la última dictadura cívico militar ni de ningún gobierno de facto. “Mal que le pese, ratifico que cumplo a cabalidad la condición de idoneidad democrática que consagra el cuarto párrafo del artículo sexto de la Constitución de Entre Ríos”, le espetó al dirigente.
La magistrada replicó uno a uno los dichos del ex legislador: aseguró que no ingresó a la Subsecretaría de Justicia en 1978, ni aconsejó “como asesora los actos de la dictadura”, ni fue “asesora legal del Proceso” en ninguna tarea o función por la que “reemplazaba al Parlamento”, ni fue “autoridad de la dictadura”.
“Tampoco se hallaba dentro de mi competencia la demasía atribuida de ser corresponsable del trato del que eran objeto los compañeros detenidos durante el Proceso”, acotó Pañeda, en alusión a los dichos de Maya. Especificó en el texto que se desempeñó desde 1978 como empleada pública provincial categoría 17 -que era entonces el escalón más bajo del tramo técnico-, cumpliendo funciones de asesora legal, cuando era una joven abogada principiante. Puntualmente, estaba empleada en el Departamento Técnico Legislativo que dependía de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno. Trabajó allí hasta 1992, año en que ingresó al Poder Judicial como agente fiscal de primera instancia.
“El carácter meramente técnico administrativo de dicho departamento, y que prosiguió luego de la reinstalación democrática, es la razón por la que, pese al esmero con el que dice usted haber emprendido la búsqueda, no encuentra antecedentes de ninguna tarea relevante en los términos en que me atribuye, porque ellas no existieron y no porque alguien las haya borrado, como usted maliciosamente conjetura”, le dijo la magistrada a Maya en la carta.
“No puedo presumir, dada su condición de abogado y avezado político, que interprete usted en forma sincera y honesta que una joven empleada rasa de un tramo técnico de la administración pública pueda ser catalogada como funcionaria en cargo de responsabilidad democrática durante la dictadura porque si su ignorancia fuera de esa envergadura y, además, fuese franca, el contenido de la carta documento que le remití le hubiera disuadido de volver a reproducir y ampliar sus injurias y de persistir maliciosa y procazmente en una configuración de sentido de mis antecedentes profesionales que repugna a cualquier construcción responsable, sensata y veraz de la memoria histórica, política y moral de nuestro nefando pasado más reciente”, sostuvo luego.
“Su incontinencia verbal difamatoria, que solo reconoce por motivación la contrariedad que le ha generado una sentencia adversa unánime del Tribunal Electoral, le despojan a usted de legitimidad moral o política para requerir mi renuncia a la magistratura”, concluyó.
Maya tampoco respondió la segunda carta en forma directa a la magistrada, pero sí se conoció a través de los medios una presentación que realizó ante el Jurado de Enjuiciamiento. A través de una nota con fecha del jueves, dirigida al senador provincial Eduardo Jourdán, presidente del organismo, solicitó “que se verifique el tiempo y las circunstancias en que Pañeda fue designada asesora legal durante el gobierno de la última dictadura militar”. También pidió a Pañeda que renuncie al cargo.
Pañeda mencionó a “la injustificada descalificación, la difamación mediática, las dimensiones y la desmesura que ha asumido la campaña de descrédito” como algunas de las razones de la querella que confirmó que presentará, patrocinada por su abogada, Noemí Berros.
“Maya instaló por los medios su disconformidad con la decisión del Tribunal Electoral por medio de una campaña difamatoria contra mí, imputándome falsamente haber sido funcionaria política de la dictadura militar genocida que los argentinos padecimos entre 1976 y 1983”, cuestionó.
Sobre la presentación del ex legislador, la magistrada hizo notar la confusión en la que incurrió Maya, ya que el mecanismo institucional para juzgar el desempeño de los vocales del STJ, al igual que el gobernador y el vice, es el juicio político, no el jury de enjuiciamiento. “Este último proceder revela la misma ignorancia del derecho y el mismo desprecio a la institucionalidad que sus anteriores acciones, impensables si provienen de un abogado, ex legislador nacional y avezado político y, sobre todo, demuestra su execrable ánimo de instalar el agravio y confundir a la opinión pública al mejor estilo goebbeliano, mancillando honras ajenas en procura de alguna utilidad político electoral subalterna”, finalizó Pañeda.
Los miembros del Tribunal Electoral emitieron un comunicado en el que expresan: “Vemos con preocupación las constantes descalificaciones en que incurren algunos precandidatos. Es lamentable, ya que todos los partidos políticos y sus apoderados cuentan con herramientas legales para recurrir las resoluciones que les resulten adversas o no satisfagan sus intereses, siguiendo las vías procesales disponibles sin recurrir al agravio personal, exabruptos o excesos que denigran principalmente a quien los vierte”.
“Tales conductas deben ser repudiadas por todos y resultan más censurables cuando provienen de aspirantes a cargos políticos electivos, por sobre quienes pesa un deber ético calificado de ejemplaridad y resguardo”, añaden.
“Este Tribunal ha trabajado en pos de la participación amplia y ha emitido sus pronunciamientos conforme al ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable en relación a todos los precandidatos sin excepción, no habiendo podido suplir la torpeza o desconocimiento de los plazos o las formas por partes de alguno de ellos, lo que resulta agravado cuando coincidentemente son profesionales del Derecho”, indican finalmente.
El 9 de julio, el Tribunal Electoral provincial -que Pañeda encabeza por disposición constitucional- rechazó la oficialización de la lista de candidatos integrada por los dirigentes Héctor Maya y Augusto Alasino, bajo la denominación Unión provincial.
Sucede que tiempo atrás, en busca del número de afiliados necesarios para participar de un proceso electoral, la agrupación se había fusionado con el partido Acción por la República, cuyo referente nacional era el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Por esa unión caducó la personería jurídica de ambas fuerzas y se originó un nuevo partido, denominado Unión por la libertad, que ahora es el sello con el que la Coalición Cívica se sumó al Frente Progresista Cívico y Social que Entre Ríos conforman el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical (UCR).
No están claras las razones por las cuales Maya pretendió competir con una lista bajo el sello de la Unión provincial, que no existe en términos formales. Pero la determinación del Tribunal Electoral despertó su airada reacción, que terminará con una presentación judicial en su contra por la máxima autoridad del Poder Judicial entrerriano.
