El domingo 3 de abril fue el elegido para publicar en todo el mundo Panamá Papers. ¿Qué significó esto? Que a partir de un informe central elaborado por el ICIJ, los medios que intervinieron pudieron publicar además la información más destacada y pertinente de sus propios países. ¿Qué pasó en Argentina? Siete días después queda claro que Panamá Papers tiene en la versión local graves problemas que comienzan, de a poco, a cuestionar la edición original.
El origen de toda esa información sobre empresas off shore -ya se sabe- es anónimo. Se supone que es resultado del hackeo a los servidores de Mossack Fonseca, el principal estudio encargado de tramitar sociedades offshore en Panamá. Esa información llegó al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que decidió compartirla con el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) , con sede en Washington. ¿El motivo? Era imposible que un solo medio pudiese chequear semejante volumen de información.
Según informa la web de ICIJ, en Argentina son miembros de ese consorcio Horacio Vertbitsky, Ernesto Tenembaum y Hugo Alconada Mon. Es decir, periodistas. Sin embargo, el chequeo de la información argentina contenida en Panamá Papers quedó finalmente en manos de empresas, que a su vez son socias en varios negocios: La Nación y el Grupo Clarín. El equipo lo coordinaron por La Nación, el periodista Alconada Mon y por TN, Mariel Fitz Patrick.
Las grietas
La primera reacción ante la la edición argentina de la información fue expresada por el propio diario alemán responsable de Panamá Papers: se sorprendió del buen trato que le dio la prensa local al presidente Macri, tras revelarse que había ocultado su participación en sociedades offshore. (ver artículo completo, acá)
Con el correr de los días comenzó a engordar la segunda reacción: diferentes fuentes periodísticas ajenas a Panamá Papers aportaron pruebas que vinculaban a importantes funcionarios de gobierno con sociedades offshore.
- Un caso escandaloso: el del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Fue descubierto con una sociedad registrada en Panamá a su nombre y el de su esposa. La justificó por su trabajo en la oenegé B´nai B´rith, que al ser consultada por el diario Página 12 no sólo lo desmintió, sino que advirtió que abrir ese tipo de sociedades es “contrario a los principios de esta asociación”.
La existencia de esta sociedad no fue revelada por Clarín ni La Nación, los responsables locales de Panamá Papers. - Tampoco la del secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien justificó su participación en Supernova Productions, una sociedad off shore presidida por Antonio De la Rúa, el hijo del ex presidente argentino. El descargo de Lopérfido: de trató de un fallido intento de operar en Estados Unidos de la mano de Shakira, por entonces pareja de Antonio. “Se eligió Panamá porque allí es donde está la Fundación Alas, de Shakira”. Al igual que el presidente Macri, Lopérfido dijo que no cobró por su participación. La fecha de creación de esta sociedad es interesante: abril de 2008. La prensa del corazón sabe que coincide con el principio del fin de la relación entre De la Rúa y Shakira, aunque la ruptura se formalizara recién en 2010. Años después, cuando Antonio quiso demandarla, Shakira informó al juez que el argentino no la ayudó a lanzar su carrera, y que lo contrató “únicamente porque estaba desempleado”. El tribunal desestimó las pretensiones del ex y lo obligó a pagar costas, por lo que se desprende que consideró probados los argumentos de la cantante.
La existencia de la sociedad offshore de Lopérfido tampoco fue revelada en La Nación ni Clarín, responsables locales de Panamá Papers. Un dato: Lopérfido está casado con Esmeralda Mitre, integrante de la familia fundadora y socia de La Nación.
Así comenzó a hacerse evidente la diferencia entre información existente en Panamá Papers, y la editada.
Magnetto, Clarín y Panamá
Durante el proceso de dilación judicial que impulsó Clarín para impedir la plena aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales se hizo pública la existencia de cuatro sociedades offshore integradas por Héctor Magnetto, CEO y socio del Grupo. En aquel momento, el descargo fue que ya estaban inactivas, lo cual es mitad cierto: según el registro público de Panamá, están inactivas las sociedades Lexxon y Norland. Y siguen en actividad Agea Inversora S.A. y Semmar Inversora S.A. En ambas, Magnetto figura como presidente.
Ninguna de estas cuentas fue informada por la edición local de Panamá Papers.
La presión social
Por redes sociales, primero y por medios que no controla el holding Clarín/Nación comenzó a circular la información que daba cuenta de una grave situación: las fuentes locales de Panamá Papers estaban involucradas en procedimientos similares a los que intentaba denunciar. La confesión de La Nación: llegó este domingo 10 de abril. En una nota dirigida a sus lectores asumió la existencia de una sociedad off shore a nombre de uno de sus socios y ex CEO, Luis Saguier, y ofreció las explicaciones correspondientes.
Al momento, el Grupo Clarín no hizo pública ninguna explicación de las sociedades offshore presididas por Magnetto.
En el caso que involucra al presidente Macri, el ICIJ realizó su propio chequeo, comunicándose directamente con los voceros presidenciales, según declaró la subdirectora de la investigación, la argentina Marina Walker Guevara al diario Clarín, dejando en claro que las explicaciones recibidas no fueron consideradas suficientes.
Singer, Lanata y después
Este domingo10 también, el periodista Alfredo Zaiat reprodujo en el diario Página 12 la entrevista que le realizara un diario panameño a uno de los principales responsables del estudio Mossack Fonseca, vinculado a la información revelada por Panamá Papers.
Ramón Fonseca Mora, socio de ese estudio hackeado, dice al diario Estrella de Panamá: “Vengo a contar mi verdad”.
El capítulo argentino surge cuando la periodista menciona al estado norteamericano de Nevada:
-Usted mencionó que la sociedad del apartamento en Brasil está en Nevada. ¿Allá también están siendo investigados?
-Allá nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura (a Argentina, incluso) y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.
-¿Cómo eso se relaciona con lo que, dice, le pasa ahora?
-Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a (Julio) (sic) Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.
-Pero suena a poco argumento para tanta campaña….
-Es que por algún lado viene…
En contexto
La catarata de filtraciones resquebrajó el relato local de Panamá Papers, dejando en evidencia no sólo la información que falta, sino también las preguntas que no se respondieron.
- ¿Por qué el Presidente Macri no declaró su participación en sociedades offshore, tal cual lo ordena la Ley de Ética Pública?
- ¿Por qué el Presidente Macri nombró al frente de la Oficina Antilavado a la abogada defensora del HSBC, la entidad financiera más comprometida por el Panamá Papers?
- ¿Por qué el presidente Macri nombró al frente de la Oficina Anticorrupción a una persona que no cumplía con los requisitos exigidos y que, ante la difusión de Panamá Pappers, en lugar de proceder a investigarlo se precipitó a justificarlo?
- ¿Cómo influyó en la edición argentina de Panamá Papers que los medios locales encargados de difundir la información estuviesen involucrados en sus revelaciones?
Muchas de estas preguntas tendrán su respuesta en mayo, con la publicación global de los listados de todas las personas y sociedades que, hasta esa fecha, hayan sido chequeadas por ICIJ. Una decisión que, en gran medida, está originada en el comportamiento de la prensa argentina, aunque ya casi es una ley del periodismo colaborativo global: a la manipulación se le responde con más transparencia.
