Esas son las acciones, encaradas por Nogueira, tendientes a revertir las graves deficiencias en las prestaciones que vienen sufriendo los jubilados.
EL DIARIO, en su edición de ayer, informó sobre las dificultades que tienen los titulares del PAMI y también del Iosper —unos 350 mil entrerrianos, en total— para acceder a la asistencia médica. El cobro del plus y la imposición de cupos en la atención del segundo nivel, son los principales problemas en la obra social de los pasivos, con más de 100 mil beneficiarios en la provincia.
El PAMI local recurrió al Juzgado Federal tras considerar que ha habido abandono de persona en casos de afiliados, que no fueron atendidos por clínicas y sanatorios bajo el argumento de que “no hay cama“.
A la presentación en la Justicia, Nogueira informó que se adjuntó un acta notarial labrada por escribano público, constatando la situación de afiliados que debieron recurrir al hospital San Martín ante la imposibilidad de recibir atención en establecimientos privados; el pedido de cama para estos pacientes realizado, sin éxito, desde el nosocomio a clínicas y sanatorios y la constatación de PAMI central —mediante una auditoría— de que había lugar de sobra en dos clínicas de Paraná y una de Crespo.
Nogueira se entrevistará hoy con la titular del organismo a nivel nacional, con quien piensa esbozar un plan de acción para superar la crisis actual.
Molesto con la actitud de los prestadores —a quienes acusa de “mercantilizar” la atención de la salud— Nogueira buscará el apoyo de Ocaña para apuntalar la dotación de profesionales en el área de auditoría —la obra social sólo tiene dos— y además avanzar en una propuesta de firmar convenios con clínicas de Santa Fe para derivar pacientes de Entre Ríos.
“Esto es insostenible. No puede ser que ni siquiera quieran dar atención a casos de urgencia, como está pasando actualmente. Los prestadores firmaron un convenio que deben cumplir, y allí dice que están obligados a dar internación a todas las urgencias que soliciten los afiliados”, aseguró el funcionario.
La relación entre los prestadores y el PAMI podría tensarse aún más si es que Nogueira avanza en la decisión de no abonar el aumento de la cápita —que pasó de 21,40 a 25,50 pesos— si se constatan incumplimientos. “Si seguimos con este modelo mercantilista de la salud, no va a haber plata que alcance”, puntualizó Nogueira.
