El pedido propone un primer plazo de treinta días, con la posibilidad de una prórroga por igual período en los casos de usuarios que fundamenten el impedimento de abonar los montos adeudados en razones de excepcionalidad o falta de recursos. Actualmente, el plazo previsto en las facturas es de ocho días en cada uno de los dos vencimiento previstos.
En el escrito, rubricado por Garay, se expresa la necesidad de poner en conocimiento de la Secretaría de Energía, área concedente del servicio, “la gran cantidad de reclamos e inquietudes de la ciudadanía (recibidos por la institución) con respecto a la excesiva onerosidad de la factura de energía para los usuarios domiciliarios, así como el incremento significativo de los costos de producción y de funcionamiento para las industrias y comercios de nuestra ciudad”.
Dicho incremento, causado por la aplicación de un aumento de la tarifa, por parte de la provincia, primero, y, luego, por la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional, implica aumentos del orden del 100% del importe final de las facturas de quienes consumen menos de 1000 KW. En tanto, el incremento en los consumidores comerciales e industriales ha sido mayor, generando un preocupante costo de producción.
Por otra parte, Garay participó de una reunión mantenida por representantes de clubes agrupados en Acludepa y la Federación Entrerriana de Clubes con el presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, y profesionales de ese organismo.
Desde los clubes se expresó la preocupación por el importante aumento de la tarifa de la electricidad, lo que –dijeron- pone en riesgo el normal desempeño de las actividades deportivas en horarios en los que se requiere de iluminación.
Además, detallaron las dificultades que deben afrontar para reunir el dinero para el pago de la electricidad, mientras que resulta una necesidad mantener los montos de las cuotas en vista de la misión social de los clubes chicos, de pueblo. Ante el panorama, el Defensor del Pueblo informó del pedido de ampliación de los plazos de pago, elevado a la provincia, como una medida de emergencia para morigerar la situación. También dio cuenta de la existencia de dos leyes nacionales que incluirían a los clubes entre los sectores que integrarían el grupo de instituciones abarcadas por los beneficios de la tarifa social. La provincia aún no ha adherido a las normas, un paso esencial para que las normas se apliquen en Entre Ríos.
Participaron del encuentro María Lidia Correa, integrante de la comisión directiva del Club Universitario de Paraná; Flavio Aribillaga, del Club de Tiro con Arco Paraná, y Marcelo Cangeri, de Atlético Hasenkamp y vicepresidente de la Federación Entrerriano de Clubes. Y por el EPRE estuvieron Jaime Sirtori y Graciela Lanzi.
