Los defensores de Varisco y Rolandelli son los abogados Rubén Pagliotto y Damián Petenatti y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces. En la oportunidad, Paggliotto apuntó: «Nos preguntamos por qué estamos acá si hubo un hecho que no fue delito ni con Halle ni Osuna, y no será delito si a algún intendente con buen tino se le ocurre darle una ayuda a entidades solidarias como lo son las mutuales o las cooperativas».
En la causa Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal de ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el exasesor legal y hoy concejal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, están involucrados como partícipes primarios.
Y continuó: «Por eso, Cullen hizo la reserva de causa federal suficiente. Es la desigualdad de trato. Por qué si fue legal cuando lo hicieron Halle y Osuna, por qué es ilegal cuando lo hizo Varisco -se preguntó-, si hasta tomó mayores recaudos a los fines de darle mayor cobertura de seguridad a ese dinero que se adelantaba, pero que finalmente no se adelantó, que es otra diferencia con los adelantos otorgados durante la gestión de Halle».
Si bien Varisco no estuvo presente en la segunda audiencia, debido a problemas de salud, su abogado comunicó a Elonce TV que «si desea declarar lo hará en la última jornada del juicio, prevista para el martes 18».
Es que de acuerdo a lo que planteó Cullen, «siempre fue legal el adelanto financiero a cuenta». «Además, siempre fue meritorio que el Estado intervenga en ayuda de todas las organizaciones que a su vez tienen una función social, es algo que está en la Constitución Provincial». «La diferencia de trato es cuando una cuestión se judicializa y otras no», remarcó.
«Es un hecho que no debió llegar a estos estrados»
Respecto del segundo día de audiencias, Pagliotto comunicó que, «los testigos de la Fiscalía ratificaron que esto se trata de una operatoria común, habitual, absolutamente lícita que se había llevado a cabo en otras oportunidades y que, en esta oportunidad, hasta se habían tomado mayores recaudos, y que no se concretó».
«Estamos ante un hecho atípico, es decir que no roza el Derecho Penal, porque se trata de actuación administrativa, absolutamente normal que pasó por todos los controles y no tiene ningún viso de irregularidad», insistió.
Sobre la causa
La causa se inició por una denuncia que formuló el ahora exdiputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), y la investigación penal preparatoria la realizó la fiscal Patricia Yedro, quien consideró que hubo decisión de «favorecer» económicamente a la mutual cuando el 22 de enero de 2016 pidió al entonces intendente un adelanto financiero de ,5 millones.
La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.
En su acusación, la fiscal destaca las «observaciones» que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la Justicia.
