La familia Macri se hizo cargo de la concesión del Correo en 1997, durante el menemismo, y la administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que conserva la mayoría accionaria. Pese a que el Grupo reclama inversiones, la mayoría de los desembolsos que computó bajo ese paraguas fueron las indemnizaciones de los miles de empleados que despidió durante su gestión sin lograr que mejore la situación de la empresa, y en septiembre de 2001 presentó la convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos. En noviembre de 2003 el contrato con Socma fue rescindido y el Estado heredó el 32,65 por ciento de esa deuda, que incluía 296 millones de pesos (equivalente a dólares durante el “uno a uno”) por incumplimientos en el pago del canon. El acuerdo con Socma incluía un pago de 51 millones de pesos por semestre, de los cuales sólo pagó los primeros hasta marzo de 2000. El gobierno inició entonces la causa contra Socma.
Esta semana se conoció el acuerdo que alcanzaron los abogados del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, y el holding de la familia presidencial por el Correo, para saldar esa deuda en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 por ciento y sólo sobre el capital, lo que asciende a 600 millones de pesos. La fiscal ya había denunciado que eso significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento porque se lo hacía sin aplicar el interés, lo que significaba un perjuicio público de más de 4227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General proyectó ese perjuicio a 2033 en 70.163 millones de pesos.
La fiscal Boquín había ya presentado un escrito por las condiciones abusivas del acuerdo, suscripto el 28 de junio de 2016, pero ayer hizo una nueva acusación. Boquín recordó en su dictamen que 15 días antes del acuerdo (el 13 de junio de 2016), el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. Pero dos meses después, el 12 de agosto (46 días después del acuerdo de conformidad del Estado con su propuesta de pago), el grupo Macri “amplió” o “ajustó” la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al año 2009) más la suma de 570 millones, reclamando intereses al 11 por ciento anual desde la fecha indicada en la presentación. “Todo ello sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales”.
En su escrito del 12 de agosto, el Grupo Macri expresa que esta nueva demanda “no puede ni debe ser interpretada como una retractación o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio”, en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino, ya que la misma “no implicó desistimiento de ningún planteo judicial”.
Al respecto, la fiscal considera que “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Boquín, en un nuevo dictamen en el que ratificó la conducta “abusiva” de la empresa, recuerda además que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras “refiere a suspensión y no a interrupción o condenación” de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. Para sustentar esta postura citó precedentes de la Cámara Comercial.
La fiscal insistió en que la mala fe de la empresa es que nunca informó en la causa por la deuda sobre la demanda por daños y perjuicios. Respecto a este tema, aseveró que “su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 mas los interés correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.
Cabe recordar que el acuerdo alcanzado esta semana incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. El objetivo de esta nueva demanda, además de dos juicios en curso sobre los que no renunció ni desistió pese al acuerdo, es financiar el pago de su deuda con dinero que obtenga del propio Estado.
La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo o si hace lugar al dictamen de la fiscal de rechazar la propuesta. El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi. Piaggi está excusada de intervenir en la causa casi desde su inicio. La fiscal Boquín alerta al final de su escrito que se reserva la posibilidad recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de dictarse “una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores”.
