Un grupo de padres, liderados por un empleado de Educación que hasta dos meses atrás ocupó un cargo en la Secretaría de la Producción, advirtió ayer que podría recurrir a la Justicia en las próximas horas si los docentes insisten en cumplir un nuevo paro, de 72 horas, entre miércoles y viernes de la semana entrante. El grupo denominado autoconvocado redactó una Carta abierta a los docentes entrerrianos en la que reaccionan con dureza ante la declaración del titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Sergio Elizar, quien dijo que sin acuerdo salarial con el Gobierno, el ciclo lectivo 2008 corre riesgo. Al respecto, sostienen que esa expresión constituye “una barbaridad y nos sume en la angustia a todos los padres y violenta el derecho de nuestros hijos de acceder a la educación” Y reprochan que no haya entre los docentes conciencia respecto a que “350.000 niños y jóvenes estarán 14 días sin clases, sin incorporar nuevos conocimientos, lo que los colocará en una mayor desigualdad”.
INTERVENCIÓN. Los padres autoconvocados reclamaron a los sindicatos docentes que “revean su postura y acepten el ofrecimiento del Gobierno, hasta que existan otras condiciones presupuestarias”. También, pidieron que actúe la Justicia, “ya que nos encontramos frente a la vulneración de un derecho superior”.
Además, que el Gobierno “busque alternativas creativas para garantizar el acceso a la educación”, y que “todos los padres actuemos en defensa del derecho de nuestros hijos y participemos activamente”.
Cristian Ulian, ex precandidato a intendente por el PJ de Paraná, padre de un niño que asiste al Instituto Enrique Carbó de la obra de Don Bosco, le contó a EL DIARIO que “la idea surgió de una charla entre amigos, preocupados por este tema de los paros, y ante la certeza de que el conflicto venía agudizándose. Así, nos planteamos hacer esta carta, como para llamar a la reflexión a todos los actores, incluyéndonos como padres”.
Aunque adelantó que si esa convocatoria, y la carta abierta, “no es debidamente atendida, el lunes o martes, haremos una presentación judicial, para amparar el derecho de nuestros hijos a seguir estudiando”.
CUENTAS. En lo que va del ciclo lectivo 2008, los maestros ya cumplieron un total de 11 días de paro, y con los tres previstos para la semana próxima, sumarán 14, y el conflicto todavía no encuentra cauce, por lo que es probable que sumen más todavía.
El eje del conflicto es un entredicho salarial con el Poder Ejecutivo: los docentes reclaman un salario básico para el cargo testigo, el maestro de grado, de 1.359 pesos, pero el Gobierno sólo está dispuesto a otorgar una suba que llevaría ese ingreso de 718 ,83 a 800,07 pesos, en diciembre próximo.
Como la oferta oficial no fue aceptada, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, dijo que el Gobierno no pagaría el aumento, y que además se descontarían los días no trabajados.
Ulian sostiene que los paros de este año se suman a los de períodos anteriores, y así, en los últimos ocho años, “en la provincia se ha perdido el total de todo un año de clases”.
Si bien ha sido parte de administraciones justicialistas, pide que “no tomen mal el planteo. No es una cuestión política. Además, tengo autoridad moral para hacerlo. Cuando había un gobierno de signo diferente (se refiere a la administración del radical Sergio Montiel), y yo estaba en aula, en la Escuela Del Centenario, sin cobrar tres meses, nunca hice paro. Siempre pensé que primero estaban mis alumnos”.
“¿Qué relación estamos generando entre educadores y educandos? —se preguntan los padres autoconvocados en la carta abierta que redactaron— ¿Esta dirigencia estará conspirando contra el futuro de nuestros hijos? ¿Dónde quedará esa alianza de padres que le entregábamos lo más importante de nuestra vida para que contribuyeran a alimentar no sólo su mente, sino también su alma?”.
AMET también fue a la Justicia
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) siguió el mismo camino que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y presentó un recurso de revocatoria contra las resoluciones Nº 3.217 y 2.565 del Consejo General de Educación, con el fin de que se deje sin efecto las mismas por ser atentatorias contra el derecho constitucional de huelga.
El gremio que involucra a los docentes técnicos sostuvo “que las medidas de fuerza adoptadas por los compañeros docentes de la educación técnico profesional son motivadas por la falta de respuesta efectiva a una recomposición salarial aceptable, a raíz del deterioro del salario producto del aumento significativo del costo de vida generado en los últimos meses luego de la recomposición de principios de año”.
En 2007 hubo dos presentaciones
El año anterior, el conflicto en las escuelas de la provincia amaneció temprano. El 9 de abril hubo un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) por el asesinato del profesor Carlos Fuentealba.
La protesta con tinte provincial recién se daría el 28 de junio, con un paro provincial por recomposición salarial docente.
Las huelgas siguieron en julio y agosto, aunque luego hubo un planteo en la Justicia por parte de un grupo de padres, asistidos legalmente por el abogado Lisandro Amavet, que tuvo acogida favorable por parte de la jueza María Gabriela López Arango, que hizo lugar a una medida cautelar y obligó a levantar las medidas de fuerza de los docentes.
A fines de agosto, los maestros vuelven a las huelgas, y entonces se interpone otra acción judicial, rechazada esta vez por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 Alejandro Grippo.
En el fallo judicial el magistrado sostuvo que el plan de acción que llevan adelante los gremios docentes “no resulta lesivo al derecho a la educación en virtud de realizarse en una modalidad de dos horas por turno”.
Por otra parte, el juez Grippo ordenó al Consejo General de Educación que, en el plazo de 15 días hábiles “arbitre los medios judiciales o administrativos necesarios para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos”.
