En un comunicado que alienta la sensibilidad y alerta sobre las implicancias humanas del retardo de justicia, los ex trabajadores de la FIA, señalan que “Esto es así como consecuencia del pedido presentado por la Fiscal de Estado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia que obligaba a reincorporarnos en forma inmediata al Estado Provincial y pagarnos nuestros haberes. Al hacer lugar a esta solicitud, se omitió inclusive contemplar la grave situación de enfermedad coronaria que atraviesa uno de nuestros compañeros. Esto es así como consecuencia del pedido presentado por la Fiscal de Estado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia que obligaba a reincorporarnos en forma inmediata al Estado Provincial y pagarnos nuestros haberes. Al hacer lugar a esta solicitud, se omitió inclusive contemplar la grave situación de enfermedad coronaria que atraviesa uno de nuestros compañeros. El comunicado continúa señalando que “de esta manera, nuestro expediente está a dictamen del Procurador General del Superior Tribunal y luego será resuelto por la Sala Penal del STJ sin que se conozca el plazo que les tomará expedirse sobre nuestra situación.
La incertidumbre y alargamiento de los plazos que nos toca vivir a los ex empleados de la FIA, impedidos de hacer efectivos nuestro legítimos derechos alimentarios, son una consecuencia inmediata de la modificación de la Ley de Procedimientos Constitucionales aprobada recientemente. Seguramente, esta Ley afectará a mediato plazo, a cualquier ciudadano en el reclamo del reconocimiento de garantías constitucionales básicas. De esta manera, nuestro amparo -cuya resolución había sido favorable a nuestra reincorporación como agentes estatales y al cobro de los salarios desde el 1º de enero de 2004- deja de ser de cumplimiento inmediato y debe esperar el tiempo que le demande a la Sala Penal expedirse sobre la legitimidad de nuestro reclamo.
Los ex trabajadores de la FIA entendemos que el argumento utilizado por el Poder Ejecutivo en la negativa de incorporarnos al Estado Provincial y del pago de nuestro salario, -argumentando que no tiene presupuesto ni lugar donde designarnos-, esconde en realidad la verdadera intención discriminatoria contra quienes trabajamos en el organismo anticorrupción.
Esto es así puesto que los fondos existentes asignados a la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el presupuesto 2003, que rige para el 2004-, superan con creces el monto necesario para cubrir la reincorporación y el pago de los haberes caídos. Sólo basta realizar operaciones contables y presupuestarias para crear los cargos.
Cabe recordar que hasta el momento de ser despedidos en forma abrupta, la mayoría teníamos más de 3 años de antigüedad en el Estado y algunos más de 15 continuos e interrumpidos de servicios ya que venían de otras reparticiones públicas provinciales.
Como lo señalaron en forma coincidente los diferentes jueces que entendieron en las acciones de amparos presentadas, la estabilidad del empleo público es un principio fundante del Estado democrático que preserva la independencia del Estado frente a las posibles arbitrariedades del gobernante de turno prohibiendo despidos inmotivados. Por lo tanto, el ejercicio de la facultad legislativa de suprimir cargos debe respetar el principio constitucional de la estabilidad en el empleo. Así también lo ha entendido en pronunciamiento anteriores los actuales miembros de la Sala Constitucional y Penal del
Superior Tribunal de Justicia, por lo que consideramos que nuestro legítimo pedido debería ser prontamente atendido, ya que se trata de elementales garantías al trabajo y a la subsistencia”.
