Pacayut vio agotada la vía administrativa y decidió recurrir a la Justicia. El planteo recayó en el Contencioso Administrativo en 2006. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) entendió que el reclamo del ex senador no respetó el “ordenamiento procesal administrativo”, como lo establece la ley y la Constitución provincial en donde se instituye que para que se habilite la vía judicial tiene que existir “una denegación expresa o tácita, según los casos, por el gobernador”. “Los actos administrativos sólo son impugnables ante la justicia si se dan ciertos requisitos, adicionales a los exigidos por la legislación procesal para promover cualquier acción ordinaria”, se despachó el STJ el 29 de marzo pasado en la causa 1855. En resumen, lo que cuestionó el alto cuerpo fue que el peticionante no respetó la vía administrativa al saltearse una instancia administrativa que es la de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, según se desprende del fallo al que tuvo acceso El diario.
El nombre Pacayut aún suena en los tribunales. Quizás el caso por el cobro de adicionales supuestamente no liquidados en la época que representaba a su departamento en la Legislatura sea una nimiedad al lado del juicio oral que debe enfrentar. Es que el dirigente, ligado a la línea interna del peronismo de Jorge Busti, recibió hace un año la denegación de un recurso de casación presentado por la defensa contra la decisión de elevar a juicio oral y público la causa por la que se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares (hay estimaciones que hablan de 30 millones) producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy, en el sur de la provincia.
En la causa, además del ex senador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras. La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Busti.
El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con la finalidad de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, Perfomar cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto.
Hace unas semanas, cuando caminaba por un pasillo de la casa de Gobierno fue consultado por un medio de prensa sobre la causa del puerto. “Yo diría que se trata de una causa emblemática que en aquel momento, entre el doctor Oscar Rovira (titular de la FIA) y la parte periodística local fueron inflando y a los 11 años, todavía nunca declaré en la causa, algo que es insólito”, remarcó Pacayut. “Supuestamente fui mandado a juicio oral y público, y durante todo el 2010 no pusieron fecha y en lo que va del 2011 tampoco”, se quejó.
Para el ex senador, “nunca a una persona se la tuvo 10 u 11 años en la parrilla, ligando la culpa, quizás de todos”. Hasta ahora no es culpable de nada.
