La presentación, admitida por Oyarbide y a la cual tuvo acceso Télam, promueve una «querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989».
El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de «víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos», fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.
La denuncia fue hecha en nombre de un grupo de ciudadanos paraguayos que viven en el país o estuvieron exiliados en Argentina, según informó Almada, un abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Alfredo Stroessner y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por las dictaduras latinoamericanas.
Almada explicó que fue un «gran paso» el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.
«El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor», resumió.
El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que «todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio».
