La Corte de Apelaciones neoyorquina mantuvo su decisión de octubre de 2014, cuando afirmó que los acreedores de la Argentina no tienen derecho a apropiarse de esos fondos, en contraposición con la decisión del juez federal Thomas Griesa, quien atendió el reclamo de los buitres y congeló el pago del vencimiento de la deuda.
Griesa bloqueó en julio de 2014 un pago de 539 millones de dólares en intereses de bonos de deuda reestructurada a través del BoNY, para forzar a la Argentina a cumplir con su fallo por 1600 millones de dólares en beneficio de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius por títulos en default desde 2001. Según la corte de apelaciones, si bien la orden de retención del magistrado queda "afirmada", no hay argumentos para que ese dinero sea entregado a los querellantes, tal como lo pidió en una moción una de las partes que ganó la querella junto a los fondos buitres.
"Los derechos del demandante a la propiedad en disputa no son superiores a los del BoNY", señaló el tribunal y agregó que la Argentina no puede reclamar la devolución de ese dinero y que la querella no ha presentado evidencia de tener más derechos que los bonistas que entraron en la reestructuración de deuda. "Los demandantes no citan a ninguna autoridad de Nueva York que permita a los tribunales determinar derechos 'superiores' de propiedad basados en cálculos justos subjetivos de la relativa legitimidad de pagar a una clase de acreedores u otra", precisa el fallo.
Además, la Corte deja en claro que no hubo "transferencia fraudulenta" de parte de la Argentina, porque "la República estaba intentando pagar a otro acreedor para el cual BoNY actúa como fidecomisario". "En el peor de los casos, la transferencia de la República era una preferencia entre acreedores. Bajo la ley de Nueva York, preferir a un acreedor sobre otro no es fraudulento", afirmaron los jueces Robert Katzmann, Gerard Lynch y Jannet Bond Arterton.
El de hoy es el cuarto fallo a favor de la Argentina en dos meses en un tribunal de apelaciones por el caso de la deuda. El 10 de agosto esa instancia revirtió una decisión de Griesa de junio pasado que autorizaba a otro grupo de nuevos querellantes a reclamar por el pago total de bonos en default, por un monto total de 5200 millones de dólares.
El pasado 31 de agosto la misma corte de segunda instancia rechazó otra orden del juez para embargar activos del Banco Central argentino, siguiendo un pedido de los fondos especulativos. Por último, el 16 de septiembre hubo otro fallo revirtiendo una decisión de Griesa de ampliar su fallo a otro grupo de nuevos querellantes.
