Se trata de las obras sociales de aeronavegantes, personal gráfico, trabajadores de Lotería y afines, personal del turf, empleados municipales de Avellaneda y trabajadores de prensa de Buenos Aires, que suscribieron acuerdos con las firmas San Javier y Multifarma para la provisión de remedios destinados a tratamientos oncológicos, hemofílicos y de HIV, según informaron fuentes del sector.
La decisión del Ejecutivo de encarar una investigación administrativa para determinar los vínculos de otras prestadoras médicas sindicales con las droguerías sospechadas de vender medicamentos adulterados fue anticipada el lunes a El Cronista por el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio. El funcionario ratificó ayer la información y precisó que, además de la obra social de los bancarios, el organismo a su cargo dispuso auditar los convenios que otras seis prestadoras negociaron con esas mismas firmas. “He pedido un informe, hay otras obras sociales que son pocas, muy poquitas, que tenían como proveedor a estas droguerías”, explicó Bellagio a la prensa aunque evitó dar los nombres de esas entidades de salud para evitar “crear pánico” entre sus afiliados.
Sin embargo, voceros vinculados al sector de la salud identificaron a las obras sociales citadas, que están bajo investigación de la Superintendencia. Este diario intentó contactarse con los responsables de algunas de las obras sociales investigadas por la Superintendencia para obtener información sobre los contratos con San Javier y Multifarma, pero las consultas no fueron respondidas.
En tanto, trascendió que el organismo que conduce Bellagio espera tener listo en pocos días el resultado de las auditorías ordenadas sobre los acuerdos firmados por esas obras sociales para determinar si existen irregularidades similares a las sospechadas por la Justicia en el caso de la prestadora que hasta el lunes administraba Zanola.
“Se les envía una auditoría para constatar su actuación”, explicó ayer Bellagio y confirmó que, en paralelo, la Súper ya ordenó a la totalidad de las obras sociales del sistema que brinden información referida a los tratamientos que han dado desde enero de 2006 a la fecha a sus afiliados por casos oncológicos, de hemofilia o HIV. “La idea es analizar caso por caso, y una vez evaluados, se enviarán síndicos para hacer análisis en terreno, a fin de ver si se siguieron los protocolos” correspondientes, fundamentó el funcionario y sostuvo que se trata de unos 20 mil casos. “La gente está angustiada, y eso nos lleva a tomar esta decisión”, apuntó.
Zanola se defiende
En medio del escándalo que provocó el caso, Zanola ofreció ayer una desordenada conferencia de prensa para defender su gestión en la obra social de los bancarios y, tras cargar duramente contra la investigación que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, enmarcó la situación en la elección interna del gremio bancario, que se concretará la próxima semana. Zanola consideró “positiva” la actitud del Gobierno de disponer la intervención de la entidad a su cargo y admitió que la situación “preocupa” al jefe de la CGT, Hugo Moyano.
“No nací para perseguido, pero evidentemente acá hay toda una cantidad de fantasías, de cosas que son de gran perversidad porque afectan a familias, a nombres. Bajo ningún concepto tomamos la responsabilidad de ser quienes han causado esta situación”, remarcó el gremialista.
Fuente: El Cronista
