El 23 de mayo pasado, Pietragalla y Bregman denunciaron a Otranto ante el Consejo de la Magistratura por su “arbitraria e infundada” orden de intervención de las líneas telefónicas de Sergio Maldonado, hermano del joven artesano, y de Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz, testigos de la causa que investiga su desaparición de Santiago. Según los legisladores, el magistrado incurrió en espionaje ilegal con esas decisiones.
La denuncia recayó en la Comisión de Disciplina de la Magistratura y, por sorteo, en Jorge Candis, consejero representante del sector Académico y Científico, quien expidió ayer una serie de pedidos de informes a diferentes estamentos judiciales de Chubut con el objetivo de definir si avanzar o no con el expediente.
Los pedidos emitidos por Candis apuntan a recolectar información sobre las resoluciones de Otranto en el expediente de la investigación sobre la desaparición forzada de Maldonado, que comenzó el 1 de agosto del año pasado. El consejero solicitó informes al Juzgado de Esquel, donde tuvo origen la causa, a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y al Juzgado de Rawson, además de contar con información integrada en otra denuncia que el Consejo de la Magistratura empezó a tantear contra el mismo juez por mal desempeño en el mismo expediente. Aquella presentación había sido realizada Pietragalla y la diputada Victoria Donda y quedó en manos de la consejera Adriana Donato.
Los diferentes estamentos judiciales consultados tienen unos 15 días para enviar la información solicitada por Candis, aunque fuentes del Consejo calculan que no habrá novedades antes del receso invernal. Una vez con el material sobre la mesa, se decidirá si se avanza con la investigación sobre la posibilidad de que Otranto haya actuado de manera negligente en relación a la intervención telefónica de la familia Maldonado y determinados testigos de la causa que investiga la desaparición del joven. De hallar elementos para avanzar en la línea planteada por los legisladores denunciantes, la Comisión de Disciplina del Consejo solicitará al juez federal que se defienda a través de un descargo escrito.
Para Pietragalla y Bregman, la decisión de Otranto derivó en “una afectación indiscutible de los derechos a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo, mediante la absurda y tendenciosa intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de la víctima, que no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito”.
Si aún su respuesta no convence, el Consejo de la Magistratura puede definir sancionarlo o, incluso, someterlo a juicio político.
