Hace exactamente una semana se conocía la noticia de la muerte de un bebé de 2 mese ocurrida en la zona de Hipólito Yrigoyen al 1700, donde una pareja con tres chicos alquilaba una galería para pasar la noche. Primero se informó que la muerte había sido a causa del frío, que el bebé, que llegó sin vida al hospital esa mañana cerca de las 8.00Hs. había muerto de hipotermia. Sin embargo, la autopsia del cuerpito de Alejandro Nieto –tal es el nombre de la victima- arrojó otros resultados. Según el informe forense el bebé había fallecido producto de una bronco-aspiración, aunque no se estableció con certeza si fue a causa de flema, o de la leche materna, pero que en definitiva algún liquido le había obstruido las vías respiratorias.
No obstante, mientras todo esto era investigado por la justicia para determinar si hubo culpables, responsables, o si se trató nada más que de un accidente. en la opinión pública se instaló el debate en torno a la pobreza, la falta de vivienda y la ausencia del Estado. Ésta a su vez, fue derivando, con el correr de las declaraciones gubernamentales en la capacidad de los progenitores para hacerse cargo de la custodia de sus hijos, lo que tuvo su eje en la inmediata medida de protección que tomó el Copnaf, para poner a resguardo a los dos hermanitos de Alejandro: Uriel de 4 años, y Tamara de 2.
En rigor, Uriel y Tamara fueron separados de sus padres de manera preventiva, y debido a que la familia no cuenta con una vivienda propia. Actualmente ambos están alojados en la residencia juvenil del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, junto a su madre, María, de 26 años. Según confirmaron fuentes judiciales DIARIOJUNIO, los chicos primero estuvieron solos en el Hogar Bíblico Belén, de donde fueron trasladados el pasado lunes para que pudieran estar junto a su madre, ya que el Belén es solo para menores.
La medida actual, no puramente de protección, puesto que a la fecha la Justicia no ha determinado retirarle la custodia de los menores a sus padres, y por el contrario, permite que la madre conviva con los niños en la residencia del COPNAF, ya que estar junto a su madre es un derecho que tienen todos los niños menores de 5 años, y que es respetado incluso en casos de privación de la libertad de la madre, cuando por esta razón se le otorga una pena domiciliaria hasta que el niño cumpla los 5 años.
Pero como habíamos dicho, el eje de la discusión que por estas horas deberá resolver el Juez Tomaselli, no es únicamente el derecho de los niños a estar cerca de su madre, sino que esta definición, viene necesariamente acompañada de otro cuestionamiento, que es si ambos progenitores, están en condiciones de velar por la seguridad de sus hijos.
Fuentes con acceso a la causa confirmaron a DIARIOJUNIO que ayer por la mañana el titular de la coordinación Concordia del Copnaf, se hizo presente en tribunales para presentar el informe del caso Cabrera-Nieto. Donde consta el repaso de las actuaciones del Copnaf y de la justicia en torno al abordaje de la familia desde el Estado, y el análisis –según Copnaf- de las capacidades de los progenitores para criar a Uriel y a Tamara.
En base a ese informe, se desarrollará una audiencia entre hoy y mañana, de la que participarán; el Juez de Menores Raúl Tomaselli, la Defensora civil en su roll de Ministerio Pupilar, los coordinadores del Copnaf, los operadores del COPNAF que tomaron intervención en el caso, y se concertarán además entrevistas con los padres de los chicos. Cuando la audiencia finalice, El Juez deberá tener la resolución, y el plan de acción a encarar en este caso.
QUÉ DICE EL INFORME
De acuerdo a lo informado a DIARIOJUNIO por una fuente que tuvo acceso al Informe, en el mismo se detallan los hechos acaecidos desde el mes de febrero de este año, cuándo el defensor oficial Alfredo Ruso interpuso una medida ante el Juzgado por la condición de calle de esta familia, que estaba viviendo en una improvisada carpa en la playa Nébel. Entonces, María Cabrera, de 26 años, estaba embarazada de alejandro, y el Municipio respondió entregándole al grupo familiar una casilla de tablas de madera y techo de chapa, que ubicaron en un terreno en la zona de calle Augusto Niez y Basallo. Tiempo después, el Copnaf volvió a entrevistarse con ellos cuando se detectó que la familia entera estaba nuevamente en situación de calle, hace unos veinte días, y en esa oportunidad -según señala el informe- el padre de los chicos Walter Nieto dijo que se fueron de ahí porque les robaban las pocas pertenencias que tenían, y que habían decidido volverse a Córdoba, de donde eran oriundos.
El grupo familiar no percibe ningún ingreso económico, que no sea la recaudación de monedas en los semáforos, que Nieto hace a diario; ya sea haciendo malabares o limpiando los parabrisas de los automóviles en la esquina de Avenida San Lorenzo e Hipólito Yrigoyen.
(En diálogo con DIARIOJUNIO tras ser consultado en particular por la Asignación Universal por Hijo, al coordinador local del Copnaf, Fernando Rouger, señaló que “cuando intentamos hacerle el trámite, él (por Nieto) se negó porque dijo que ya se iban a Córdoba y que lo iban a tramitar allá”)
Actualmente la pareja no cuenta con una vivienda donde cubrir las condiciones básicas que requiere el cuidado de sus hijos, máxime teniendo en cuenta la corta edad de ambos. Aunque este particular no es necesariamente un punto en contra para los padres. En rigor, si el resto de las condiciones fuera favorable a los progenitores, el estado estaría obligado garantizarle una vivienda. A este respecto hay jurisprudencia incluso local y provincial.
En cuanto a la atención de los Chicos, el informe refiere que los progenitores han cumplido en todo cuanto se les ha exigido; “los chicos están bien de peso, están vacunados y van periódicamente a los controles médicos” afirmó la fuente en base al informe, y agregó que “no hay denuncias de violencia familiar”.
De los datos recogidos del trabajo elaborado por el equipo del Copnaf, se puede sintetizar que la línea que determina la capacidad o incapacidad de los padres para criar a sus hijos, está fuertemente ligada a la cuestión cultural. Cabrera y Nieto, han llevado a sus hijos al médico, se han ocupado de alimentarlos y han respondido favorablemente a cada exigencia procurada por el organismo. El punto que determina si pueden o no continuar poseyendo la custodia de los dos pequeños es, según expresó la defensora oficial de feria y representante del ministerio pupilar Lorena Andrea Pignataro, el conflicto de intereses entre su estilo de vida y los derechos de los niños.
Se da particularmente que el estilo de vida que la pareja ha elegido para sí y para sus hijos, no es el que más se ajusta a los estándares sociales medios y en base a los cuales el Estado tiene desarrollada todas sus políticas de contención. El caso de la vivienda, es claramente un ejemplo de eso; son nómades, y es el medio del que viven, el que determina tal condición; como los actores de circos, como los gitanos.
A este respecto la defensora oficial de turno, Lorena Andrea Pignataro; opinó en diálogo con DIARIOJUNIO que; “no se puede quitar la custodia de los menores a sus padres por una cuestión económica, eso está establecido por ley, y tampoco parece justo hacerlo por su estilo de vida, pero los menores tienen derechos y el Estado debe garantizarlos”
El derecho que está siendo vulnerado, o al menos el más evidente, es el de la vivienda digna; aunque bien vale reconocer que no sería el único caso en Concordia, ya que hay miles de casillas en las que hace adentro el mismo frío que afuera y que incluso protegen menos del frío a sus habitantes, que la galería cerrada con lonas donde dormían los Nieto. El problema es, que al no establecerse en un solo domicilio fijo, el Estado no tiene resortes para poder garantizar un seguimiento, como habitualmente lo hace en estos casos, con operadores que visitan la vivienda de la familia periódicamente.
Otro caso sensible, y muy discutible en manos de Tomaselli
Tal como ocurrió en el mes de enero, cuando en plena feria judicial, en entonces Juez de Menores interino Raúl Tomaselli, debía resolver sobre una cuestión que –aunque disfrazada de verdad científica- se remitía claramente a una decisión ideológica, cultural, o moral; ahora el mismo Juez, ya designado e investido como titular del Juzgado Civil y Penal de Menores y Familia Nº 2, deberá resolver sobre un caso complejo, sensible, y donde nuevamente no hay una verdad científica o una regla matemática que otorgue las respuestas “correctas”, simplemente resta hacer de Juez, con todo lo que eso implica en materia de conocimientos, de excelencia y desprejuicio
Ante la particularidad del caso, DIARIOJUNIO telefoneó ayer al Magistrado, con el objeto de realizar una entrevista, aunque lamentablemente no pudimos lograr ese propósito.
Me ocupé particularmente de llamarlo a su teléfono móvil, para preguntarle sobre este caso.
Tomaselli atendió la llamada en su teléfono celular, y apenas me presenté con nombre y apellido y el medio al que pertenezco, dijo:
– “Hola, estoy ocupado Peña”
– Simplemente es para consultarlo con un caso concreto
– “Me viene a buscar un remis Peña, nos vemos” (cortó)
Después insistí, pero no atendió más el teléfono. Un caso para el INADI.
En el caso de la niña embarazada Tomaselli era un juez interino, es decir provisorio, pero ahora es el Juez titular, propuesto por el Ejecutivo, aprobado por el Senado y ratificado por le Gobernador, pese a la oposición de las organizaciones sociales, que sostuvieron hasta ultimo momento que el letrado no debía ser Juez de Menores, que no estaba a la altura de lo que esa responsabilidad requería.
Hoy el Estado se enfrenta a un nuevo caso testigo donde se podrá a prueba frente a la sociedad respecto de sus decisiones, a la hora de elegir funcionarios.
