(…) “…Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019, en Argentina 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo en esa etapa tendrá el segundo antes de los 19 años. Actualmente, «el 70 por ciento de los embarazos en adolescentes no son intencionales: ocurrieron durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición…”[1]
El organismo internacional recordó también, que el embarazo en la infancia no está vinculado a “instinto materno” contrariamente a lo que expresan algunas interpretaciones instaladas y naturalizadas socialmente.
Aunque los tiempos que corren desvían la atención hacia otros datos, el problema está presente y en el contexto de Covid, el escenario se agrava.
Partir de estadísticas presume que los datos hablan por sí solos, pero la intención es realizar algunas reflexiones de un tema preocupante ante las polémicas que dicho tema acarrea. Algunos antecedentes regionales son muestras de lo que puede una parte de la sociedad conservadora que revictiminiza a niñas y adolescentes, con pretensiones morales y objeciones de conciencia, además de los sentidos otorgados a la maternidad.
Casos extremos de ultraje del cuerpo se expresa en niñas de poco más de 10 años que sufren violaciones, que traen como consecuencia embarazos y, entre otros, resultados de estrategias institucionales que toman muchas veces solo a las mujeres como destinatarias de propuestas de salud sexual y reproductiva y prevención. Son valoraciones que refuerzan el sexismo y la heteronormatividad bajo la norma mujer-madre (y esposa), como distintivo femenino, invisibilizando las relaciones de poder en las relaciones sexuales, que marcan otra de las desigualdades de género. Las niñas y adolescentes no planifican los embarazos. En ello opera fuertemente la situación de abuso y avasallamiento. A las diferencias en las edades en que se profundizan las relaciones desiguales de poder y la violencia, se suma, como si fuera poco, el sufrimiento cuando se les niega la posibilidad de decidir. Decisión que queda en manos de otros y otras.
En nuestro país, se sabe que aún el aborto no es legal, pero también, algunos saben la doble moral que tras esa no legalización se esconde. La posibilidad de evitar o interrumpir un embarazo se vincula al acceso económico que, por sexo y por edad, marcan la vulnerabilidad para mujeres, niñas y/o adolescentes. La accesibilidad a un aborto seguro impide la decisión, además se suman argumentaciones culpabilizadoras y soluciones que poco tienen que ver con la empatía en varios de los discursos antiabortistas, que dejan a mujeres, jóvenes y pobres, desamparadas. La continuidad de los embarazos se liga a la resignación y se impone como única posibilidad.
Un repaso por el Código Penal muestra que, hasta los 13 años no hay posibilidad de considerar ningún tipo de consentimiento. Y entre los 13 y los 16, cuando se trata de una relación con una persona mayor de edad no se puede tampoco dar el consentimiento en las relaciones sexuales.
En este contexto de distancia, la pregunta es ¿Qué se está haciendo al respecto ante estas estadísticas alarmantes? ¿Qué pasará en las escuelas con el retorno a la presencialidad? ¿Qué pensar como comunidad educativa ante la candencia de los datos?
Quizás, para quienes desconocen el acontecer educativo, es necesario decir que el trabajo que se realiza en las escuelas responde a normas: Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Provincial, Diseños Curriculares y, específicamente, dentro del campo de la Educación Sexual Integral, a una Ley, sancionada en el año 2006, que se complementa con una gran cantidad de otras normativas y documentos que enmarcan, con mucha seriedad, el pretendido trabajo preventivo y/o contenedor de situaciones que no podemos dejar de ver.
Tekoá. Cooperativa de Trabajo para la Educación.
[1] [1]Fuente: UNICEF Argentina. En Página 12. 22-09-2020
